Por: Alvaro Enrique Parada Villamizar

Este próximo 11 de septiembre se cumplen 23 años del debatido “atentado terrorista a EEUU”, el cual genera suspicacia por hechos convenientemente ajustados para promover la ley Patriota en la supuesta lucha contra el terrorismo mundial, el cual desata la creación del Movimiento por la Verdad del 11-S, nombre dado por organizaciones que apoyan una teoría de conspiración que en 2001 buscó encubrir información privilegiada como pretexto para las guerras de Irak y Afganistán, así como recortar libertades civiles del pueblo estadounidense.

Mi opinión personal expresada en una columna anterior, se presentó la tesis conspirativa que sugiere implosión con explosivo militar térmico para el World Trace Center y un tercer edificio que colapsa sin justificación.  En otra columna aún no publicada, se presenta la tesis de la CIA que sugiere el colapso por desanclaje de apoyos en placas por el impacto que genera la caída vertical por peso de la estructura hasta los cimientos e incluye su afectación también al tercer edificio cercano sin dar mayores detalles y desestimando pruebas de investigadores ajenas que hallan rastros del explosivo militar “Termita” en restos.

Es así, que en el ideario conspirativo surge la conveniente Ley Patriótica para unir y fortalecer a los EEUU mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia para impedir y obstaculizar el terrorismo, aprobada por una abrumadora mayoría tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado y promulgada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001.  Así mismo, esta Ley

Patriota, ha sido duramente criticada por diversos organismos y organizaciones de derechos humanos, debido a la restricción de libertades y garantías constitucionales que ha supuesto para los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros, inicialmente sancionadas como normas provisorias de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2005, extendida luego hasta el 31 de mayo de 2015 y el 2 de junio reemplazada por la Ley de Libertad de USA, que, entre otras modificaciones, retira a las agencias de inteligencia la capacidad de almacenar datos de llamadas telefónicas de millones de estadounidenses y coloca estos en manos de compañías privadas, previa autorización judicial.

Surge entonces en el ámbito real de las políticas ilegales, que la mayoría de Gobiernos realizan para mantener control conspirador con espionaje, mediante plataformas sistematizadas para seguir periodistas, opositores, lideres sociales y cualquier otro ciudadano que los controvierta, caso muy sonado actualmente en nuestra amada Colombia con el software israelí “Pegasus”, del que especulan investigaciones y asaltan inquietudes develadas de algunas corrientes fascistas ya judicializadas previamente, casos chuza-DAS y su grupo G6 al que se le sindican asesinatos como el de Jaime Garzón, Carlos Pizarro, Efraín Cepeda, Luis Carlos Galán, entre muchos más, y acosos sistemáticos a otros más, que abren el oscuro proceder de esta mafia oscura y criminal que ha desgobernado y hoy pretende promover un Golpe Blando.

VIDEO: ¿QUIEN ESTÁ CHUZANDO EN COLOMBIA?

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