Por: Nerio Luis Mejía.

En Colombia, la negación de los delitos de sangre no solo es un error histórico: también funciona como coartada política.

Contrario a lo que muchos sostienen sobre la inexistencia de los llamados delitos de sangre en Colombia, hay quienes afirman que esta idea solo sirve para justificar la ocupación de cargos en las altas esferas del Estado. Allí, herederos de paramilitares y guerrilleros, sin pudor alguno, toman decisiones trascendentales en la vida pública de la nación, blindando con inmunidad a los perpetradores de algunos de los peores crímenes registrados en la historia del país.

Así comienza esta historia, motivada por las noticias que revelan las tramas al interior de los cuerpos de seguridad del Estado y que exponen el mundo oscuro que rodea el pago de recompensas dentro de la Fuerza Pública. Nuestro invitado —a quien llamaremos Juan por razones de seguridad— comparte lo que le ha tocado vivir a lo largo de su vida.

Juan es un hombre de mediana edad, nacido en las cordilleras de Colombia, hijo de campesinos y de un dirigente comunal. Creció bajo la sombra de la violencia. Desde niño soportó el miedo constante provocado por las amenazas de la guerrilla contra su padre, quien se negó a ceder ante las pretensiones de los alzados en armas.

Una mañana de diciembre, un grupo paramilitar asesinó a su hermano. Desde entonces comenzó una persecución implacable contra él y su familia, en complicidad con organismos de seguridad del Estado. Obligados a huir, se escondieron como animales acorralados, atravesando ríos, montañas y maleza para salvar sus vidas. La ciudad tampoco ofrecía refugio: los organismos de inteligencia los señalaban injustamente como colaboradores de la guerrilla. Tarde o temprano, la mano criminal los alcanzaría.

Cuando Juan decidió emigrar a otro país, fue detenido y torturado por el extinto DAS. Sufrió tormentos físicos y psicológicos, pero nunca pudieron inculparlo de los crímenes que le atribuían. Tras dos semanas de detención injusta, recuperó la libertad bajo una amenaza clara: si denunciaba, no volverían a capturarlo; lo matarían.

De regreso al campo, la situación se tornó insostenible. Guerrilleros y paramilitares se disputaban el territorio con ferocidad, y la muerte era parte de la rutina diaria. Obligado a regresar a la ciudad, fue nuevamente sacado de su casa y acusado de delitos fabricados. Torturado hasta el límite, llegó a suplicar a sus captores —agentes del Estado— que lo mataran para acabar con su sufrimiento. Con pruebas falsas, fue condenado y pasó varios años en prisión.

Al recuperar la libertad, fue abordado por funcionarios castrenses que lo obligaron a servir como fuente involuntaria de inteligencia militar. Le asignaban misiones de alto riesgo, sin importar si moría en las selvas húmedas de Colombia. A pesar de todo, sobrevivió. Participó en operaciones de gran impacto nacional y fue presentado ante gremios económicos como un hombre al servicio de sus intereses. Incluso recibió recompensas en instalaciones militares, dinero que debía devolver a oficiales de inteligencia. Según relata, denunció en reiteradas ocasiones estos abusos, pero nunca fue escuchado.

Hoy, Juan brinda este testimonio animado por los escándalos que sacuden a las Fuerzas Militares de Colombia, donde altos oficiales y suboficiales se apropian del dinero destinado a las fuentes de información. “Tropiezo en el filo de la verdad”, dice, porque hasta ahora no se ha hecho justicia en su caso. Su esperanza es que, al menos, la ciudadanía juzgue las acciones de quienes deberían defender al pueblo y no convertirse en verdugos que persiguen y asesinan la verdad.

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