Por: John Jairo Gelvis Vargas

En la madrugada del 3 de enero, a las 3:00 a. m. (hora venezolana), se produjo la captura de Nicolás Maduro tras un operativo de alta precisión atribuido al gobierno de los Estados Unidos. Según las versiones difundidas, la operación había sido inicialmente prevista para el 31 de diciembre; sin embargo, condiciones climáticas adversas habrían obligado a su cancelación. Finalmente, el miércoles en la madrugada se ejecutó el denominado “día D”, con el objetivo de detener a un presidente requerido por presuntos vínculos con el narcotráfico, quien meses atrás había desafiado públicamente a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con los reportes, la intervención incluyó acciones aéreas que afectaron instalaciones estratégicas como La Carlota, el Cuartel de la Montaña en Catia, el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Fuerte Tiuna, el aeropuerto de El Hatillo, la base n.° 3 de F-16 en Barquisimeto, el aeropuerto privado Caracas, Charallave y la base de helicópteros de Higuerote. Varias zonas de la capital, entre ellas Santa Mónica, Los Teques, el 23 de Enero y el sur de Caracas, habrían sufrido interrupciones en el suministro eléctrico como consecuencia de los ataques.

El primero en pronunciarse ante los medios fue Diosdado Cabello, quien llamó a la unidad frente a los acontecimientos. Sectores del chavismo manifestaron su respaldo y exigieron el regreso de Maduro, mientras que una parte significativa de ciudadanos venezolanos, no afiliados a partidos políticos, celebró la captura. Desde Washington se afirmó que la operación no tuvo como objetivo a la población civil y se advirtió sobre la posibilidad de una segunda fase.

En el ámbito internacional, diversos mandatarios expresaron su respaldo a la detención, aunque también se registraron posiciones críticas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó en contra de la intervención militar y solicitó la mediación de organismos multilaterales como la ONU o la OEA. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, citó el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, reiterando la postura histórica de su país en defensa del principio de no intervención.

El hecho evoca un precedente histórico: el 3 de enero de 1990, Estados Unidos desplegó cerca de 20.000 marinos para capturar a Manuel Noriega en Panamá, una operación que dejó numerosas víctimas. Treinta y seis años después, bajo la presidencia de Donald Trump, se repite una intervención de alto impacto en la región. Las comparaciones entre Noriega y Maduro han resurgido, tanto por el desafío público que ambos plantearon como por el simbolismo político que los rodeó.

Ante este escenario, se abren interrogantes cruciales para Venezuela: ¿habrá una nueva fase de intervención extranjera o se avanzará hacia una transición constitucional y pacífica? ¿Se impulsará una reforma de la Constitución promulgada hace 26 años, durante el gobierno de Hugo Chávez? Finalmente, queda por ver si la diáspora venezolana, tras estos acontecimientos, considerará el retorno para participar en la reconstrucción institucional, social y económica del país.

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