Por: Nerio Luis Mejía.

Lo que muchos quizás creían que, al hablar del estrecho vínculo entre la fuerza pública de nuestro país y los grupos paramilitares, era cosa del pasado, tal vez se sorprendan al conocer la existente alianza criminal entre miembros de las fuerzas del Estado y estas estructuras ilegales que siembran el terror en gran parte del territorio nacional.

Los diferentes actores armados han sabido explotar las ventajas que ofrecen las redes sociales, donde a diario publican contenido violento en las distintas plataformas, mostrando el control territorial y social que ejercen en regiones como la Costa Atlántica, el departamento del Chocó, entre otros lugares del país.

Recientemente, se han venido realizando una serie de denuncias sobre la incursión del grupo paramilitar “Clan del Golfo” en la región del Carmen de Atrato – Chocó, sobre la vía Medellín – Quibdó, a mediados del mes de septiembre del presente año. Casualmente, a esta estructura ilegal, que a través de la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional le reconoce el estatus de Grupo Armado Organizado (GAO) – Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), viene librando una guerra a muerte con el ELN en el golpeado departamento chocoano.

Las comunidades de la zona han denunciado reiteradamente la grave situación de orden público que intranquiliza a los moradores por la fuerte presencia de esta estructura criminal. Sin embargo, su clamor no ha sido escuchado por las autoridades civiles y militares, que se hacen los de la vista gorda ante la incursión de los paramilitares.

De acuerdo con versiones entregadas por habitantes de la zona, en la vereda Guangarales, del Carmen de Atrato, los miembros de este grupo paramilitar están viviendo desde hace más de un mes en ese sector. Afirman que tienen establecidos sus campamentos, al igual que en Mirla. También denuncian que el Ejército Nacional se encuentra ubicado en “El 11”, a tan solo 20 minutos de allí.

Situación similar viene ocurriendo en la mina La X. Los pobladores que se atreven a denunciar aseguran que este mismo grupo ilegal lleva más de una semana en ese sitio. Lo que muchos no se explican es la inacción de las fuerzas del orden, que se encuentran ubicadas en la base militar de “El 20”, a 15 minutos de donde están los paramilitares, y no desarrollan acciones operativas en su contra.

Según las declaraciones entregadas por los pobladores, en el departamento del Chocó existe una convivencia entre los paramilitares y la fuerza pública (Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional). No existen señales que demuestren combate alguno contra estas estructuras armadas por parte de las fuerzas del orden.

Lo mismo viene ocurriendo en el río Baudó, río San Juan y en las diferentes comunidades que comprenden Nóvita, Truandó, río Atrato, Andagoya, Itsmina, Tadó, Condoto, Lloró, Bagadó, San José del Palmar, río Quito y Carmen de Atrato.

Por ello, se extiende un urgente llamado al Ministerio de Defensa Nacional, así como a los órganos de control e investigación, para que se delegue una comisión de verificación y se permita conocer los pormenores sobre la posible complicidad de miembros de las fuerzas del Estado con las estructuras del crimen organizado que vienen sembrando el terror entre los chocoanos.

Es necesario atender el reclamo de las comunidades, quienes desde hace mucho tiempo vienen denunciando el avance del paramilitarismo en sus territorios, y nadie ha hecho nada. Esta situación se interpreta como una alianza criminal entre los paramilitares y las fuerzas del Estado, algo que no debería estar ocurriendo en el “gobierno del cambio”.

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