Por: Michael Alexis Galvis Contreras

En Colombia estamos acostumbrados a apagar incendios en lugar de prevenirlos. En el país del Sagrado Corazón, donde una semana somos expertos en política internacional y a la siguiente en pilotaje de aviones, resulta más que necesario volvernos expertos en salud mental, políticas públicas y, por supuesto, estadísticas. Y es que las cifras hablan por sí solas: según UNICEF (2024), casi la mitad de los niños y jóvenes (44,7 %) presenta algún tipo de afectación emocional. Más de un tercio de los estudiantes de secundaria reporta altos niveles de estrés escolar.

Detrás de estas cifras se esconden historias y futuros aplastados bajo la presión constante del juicio más crítico que existe: el miedo crónico al fracaso. El aula, diseñada para ser un espacio de crecimiento y descubrimiento, se ha convertido para muchos en un foco de ansiedad, acoso y desconexión, afectando directamente la motivación, la concentración y la memoria.

Y aquí es donde entra a colación el profesional de la psicología educativa, quien actúa como agente de prevención y promoción a través de la detección temprana —identificando signos de ansiedad, depresión, acoso o dificultades de aprendizaje, no diagnosticando—; la intervención psicoeducativa, mejorando el clima escolar; el desarrollo de habilidades socioemocionales; la orientación vocacional y la asesoría institucional.

Cómo no podía ser de otro modo, el actual presidente Gustavo Petro destapó esta polémica al ordenar que “todos los colegios del país, públicos y privados, ofrezcan un servicio de psicología gratuito para los estudiantes”. La medida, anunciada en Consejo de Ministros y dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas, busca combatir lo que el mandatario calificó como un “robo a los padres de familia”: el incremento en los costos de estos servicios, justificados en el alza del salario mínimo, sin que necesariamente ese aumento se traslade al salario del profesional de salud mental.

Y es que, si revisamos los salarios de estos profesionales, “quedamos más tristes que congresista sin prima especial”. Resulta difícil creer que, en pleno 2026, la media salarial para psicólogos u orientadores escolares ronde los 2,5 millones de pesos, y que en 2025 existieran ofertas tan bajas como 1,1 millones para más de 800 vacantes. Portales como Magneto muestran promedios más optimistas (3,9 millones) para “orientadores profesionales”, pero Indeed reflejaba en 2025 un promedio de 1,7 millones, con apenas un 8 % de satisfacción salarial por encima del mínimo.

Yo me pregunto: ¿cómo se puede retener talento y vocación con salarios que apenas superan el mínimo legal? ¿Cómo se construye una política nacional de salud mental escolar sobre bases laborales que, en realidad, no tienen base? A veces nos venden el cuentico de que “hay que tener más de un trabajo para poder vivir”, y estas cifras, tristemente, le dan toda la razón a ese argumento.

Y aunque la iniciativa es bienintencionada, deja de lado una realidad compleja: la crónica tendencia colombiana a reaccionar ante las crisis en lugar de construir sistemas sólidos de prevención. Mientras se anuncia una política ambiciosa para 2026, en 2025 ya se denunciaban recortes de orientadores en Bogotá y el déficit nacional era —y sigue siendo— abismal. Un ejemplo claro: en 2022, el entonces ministro Alejandro Gaviria reveló que hay aproximadamente un psicólogo por cada 1.500 estudiantes. A esto se suma que muchas instituciones no emplean a los psicoorientadores desde la gestión de su función principal, sino que los diluyen entre labores administrativas y académicas.

Para finalizar, aunque la iniciativa gubernamental reconoce la urgencia, busca eliminar barreras de acceso económico y apunta a la regulación —“involucrando a la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar los aumentos injustificados”—, el cómo se logra sigue siendo un cuento aparte. ¿De dónde saldrán los recursos en los colegios públicos? ¿Existen planes reales de vinculación y dignificación salarial para estos profesionales? ¿Cómo se evitará que los colegios privados encubran costos? ¿Y cómo se garantizará que el enfoque del psicoorientador sea verdaderamente preventivo y promocional, y no meramente asistencial?

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