Por: Nerio Luis Mejía

La confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, iniciada el 16 de enero de 2025, está muy lejos de terminar. Por el contrario, con el paso del tiempo se ha agudizado. Los más recientes enfrentamientos, recrudecidos en plena temporada navideña en varios sectores del Catatumbo —especialmente en la zona rural del municipio de Tibú— demuestran que la violencia no conoce límites, ni siquiera respeta los valores que deberían unir a la gran familia colombiana en épocas de reencuentro y celebración.

Los violentos, que parecen festejar la ruptura del tejido social que desde hace años padece esta población del nororiente colombiano, han continuado una feroz disputa que ha dejado un número incuantificable de muertos. Los desplazados se acercan a los noventa mil, sin contar los heridos como consecuencia de campos minados, reclutamientos forzados, confinamientos y otras prácticas que constituyen claros crímenes de guerra. Las autoridades regionales, por su parte, exhiben su incapacidad para enfrentar la crisis, dejando al Catatumbo sin el derecho de despedir un 2025 en paz.

En medio de este lóbrego panorama de orden público, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares, señalando que esta reestructuración busca enfrentar los desafíos de seguridad y democracia de cara al 2026. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué impacto tendrá este remezón institucional en medio de los enfrentamientos que hoy sacuden al Catatumbo? Quizás, ante la violencia generalizada que se extiende por todo el país, los catatumberos no logren vislumbrar un horizonte claro ni al cierre de 2025 ni en los albores de 2026.

Entre celebraciones y desplazamientos, los colombianos despedimos un año marcado por angustias y esperanzas, pero muy lejos de la tranquilidad que debería ser el común denominador de una sociedad que carga con más de medio siglo de conflicto interno. En paralelo, el tablero político nacional se mueve entre elecciones presidenciales y legislativas, mientras los vientos de una eventual Asamblea Nacional Constituyente inquietan a más de uno. Sus detractores aseguran que se trata de una jugada del petrismo para perpetuarse en el poder; sus defensores argumentan que es un acto de justicia que garantizaría una participación auténtica de la sociedad en la búsqueda de igualdad, poniendo fin a décadas de enfrentamientos que han desencadenado una de las violencias más prolongadas del hemisferio.

Mientras todo esto ocurre en Colombia, aquí, en el Catatumbo, las víctimas solo piden vivir en paz. Sueñan con que lo que comenzó en enero de 2025 pueda tener un final dentro del mismo año. Pero, tristemente, hay que aceptar que los difíciles momentos que atraviesan las familias de esta región no parecen ser prioridad para su propia dirigencia, más pendiente de las contiendas electorales que del sufrimiento de su pueblo. Prefieren gobernar en cuerpo ajeno, a través de nuevos delfines políticos desconectados de la realidad territorial, ignorando el dolor catatumbero, que hoy presagia un final caótico, marcado por la violencia iniciada con la peor barbarie de 2025 y con la casi segura herencia de un 2026 igualmente trágico.

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