Por: John Jairo Gelvis Vargas

El alcalde Jorge Acevedo ya autorizó en 2024 un préstamo por 289.000 millones de pesos y, para 2025, ha solicitado al Concejo Municipal un nuevo endeudamiento por 100.000 millones adicionales. En total, la administración pretende comprometer cerca de 400.000 millones de pesos sin que el Concejo haya realizado una evaluación rigurosa de la capacidad real del municipio para asumir esa deuda. De concretarse, dicha carga financiera podría trascender a los hijos de los cucuteños e incluso a la siguiente generación, configurando un compromiso fiscal de largo plazo sin garantías suficientes sobre su viabilidad.

Este panorama contrasta con administraciones anteriores que ejecutaron obras de alto impacto con presupuestos significativamente menores. Basta recordar que, durante la alcaldía de Donamaris Ramírez, la ciudad experimentó transformaciones urbanas relevantes con recursos cercanos a 28.000 o 48.000 millones de pesos, mientras simultáneamente se continuaba pagando las obligaciones heredadas del gobierno de Ramiro Suárez. Ese antecedente evidencia que la magnitud del endeudamiento actual no guarda proporción con la capacidad histórica de inversión ni con los resultados obtenidos.

Un préstamo de la magnitud que propone la actual administración podría implicar hasta doce años sin margen para realizar nuevas inversiones públicas, destinando gran parte del presupuesto al pago de capital e intereses. Esto afectaría directamente la calidad de la infraestructura urbana, que podría deteriorarse nuevamente ante la ausencia de recursos para mantenimiento y modernización. Las consecuencias no serían únicamente económicas, sino también sociales, pues el atraso en obra pública impacta la movilidad, la competitividad y los servicios esenciales.

La ciudadanía aún no parece dimensionar cómo este nivel de deuda se trasladaría al futuro a través del impuesto predial, de industria y comercio, y de distintos cobros parafiscales. En un municipio con bajo empleo formal y una base tributaria limitada, la carga fiscal podría volverse insostenible y profundizar la precariedad económica de miles de hogares. Sin un análisis técnico serio y sin responsabilidad política por parte del Concejo, Cúcuta corre el riesgo de hipotecar su futuro y de comprometer el bienestar de sus habitantes por décadas.

El anuncio de una nueva concesión para la prestación del servicio de acueducto en Cúcuta constituye una ruptura con el principio de coherencia administrativa, en la medida en que reproduce un modelo previamente cuestionado por su eficiencia, transparencia y legitimidad. Desde el enfoque de política pública, reemplazar al concesionario sin transformar la estructura del esquema equivale a una continuidad funcional del mismo arreglo institucional. El cambio se limita al actor operativo, pero no introduce innovaciones en la gobernanza del recurso hídrico ni en los mecanismos de control público.

La ausencia de un proceso técnico riguroso que incluya evaluaciones de desempeño, auditorías independientes y estudios comparativos de modelos alternativos vulnera los estándares de buenas prácticas recomendados por la OCDE para decisiones de largo plazo en servicios públicos esenciales. Sin un análisis costo-beneficio público y transparente, la decisión carece de justificación técnica suficiente.

En materia tributaria municipal, la política de cobro vigente desconoce de manera directa el principio de capacidad económica contemplado en la Constitución y reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La exigencia de abonos iniciales desproporcionados para acceder a acuerdos de pago constituye una barrera administrativa injustificada, particularmente para sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

Asimismo, los embargos sobre cuentas destinadas al pago de salarios, sin aplicación del test de proporcionalidad ni consideración de los mínimos vitales, contradicen el principio de razonabilidad administrativa y adoptan una lógica regresiva en términos de justicia fiscal. Estas medidas terminan profundizando las brechas económicas y afectando a hogares que ya soportan cargas tributarias elevadas en un contexto de desempleo y desaceleración local.

El marco jurídico municipal ofrece herramientas para establecer alivios tributarios, políticas diferenciales o esquemas de financiamiento flexibles; sin embargo, estas alternativas no han sido promovidas ni debatidas con la profundidad necesaria por el Concejo Municipal. La omisión legislativa en este campo revela una falla en la función normativa y de control político, debilitando la capacidad institucional para responder a las necesidades reales de los contribuyentes. La administración, por su parte, mantiene un enfoque eminentemente recaudatorio que no integra evaluaciones de impacto social ni diagnósticos socioeconómicos actualizados, lo cual limita la legitimidad de las medidas implementadas.

Desde un enfoque de derechos, la situación actual compromete estándares mínimos para la garantía de servicios públicos esenciales. El agua, reconocida como derecho fundamental, no puede gestionarse bajo esquemas que prioricen la rentabilidad política, privada o contractual por encima del interés general. La ausencia de participación ciudadana en el diseño de la nueva concesión, la falta de transparencia documental y la inexistencia de espacios formales de deliberación vulneran los principios de publicidad, control social y corresponsabilidad democrática.

Una política de concesiones y una estrategia tributaria con vocación de equidad requieren procesos participativos, estudios públicos accesibles y veedurías independientes. En síntesis, la gestión municipal presenta déficits significativos de gobernanza técnica, jurídica y social. Cúcuta necesita decisiones sustentadas en evidencia, sensibilidad institucional y un compromiso real con la equidad y la legitimidad pública.

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