La Lista Clinton es una lista negra de empresas y personas vinculadas con el narcotráfico en el mundo. La emite la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y fue creada en octubre de 1995 por orden ejecutiva 12978, firmada por Bill Clinton como medida en la guerra contra las drogas y el lavado de activos. El entonces presidente declaró a los cárteles de droga en Colombia como una amenaza para la seguridad nacional y la economía de su país.
Quienes aparecen en esta lista no pueden realizar transacciones financieras ni tener negocios comerciales. Actualmente existen más de 1.000 personas y más de 600 empresas incluidas en ella, algunas presuntamente por “error”. En 1999, la Ley Kingpin otorgó a la OFAC el poder de atacar las redes financieras de los narcotraficantes a nivel mundial. En 2003, el presidente George W. Bush incluyó a las FARC y a las AUC; en 2008 y 2017 se aprobaron sanciones contra el gobierno de Venezuela por el llamado Cártel de los Soles, decisión formalizada tras el proceso electoral fraudulento y la perpetuación del poder por parte de la dictadura.
El mandatario mitómano de EE. UU. incluye ahora al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti en la Lista Clinton por “supuestos vínculos”, desconociendo la trayectoria pública del mandatario en su lucha de décadas contra los mafiosos, políticos y narcoparamilitares de ultraderecha. Esto marca el inicio de un golpe blando, orquestado desde hace meses, que involucra a una parte de la “zoociedad” fallida, impune y antipatriota, que aplaude el complot maquiavélico.
Se trata de la doble moral y la indolencia frente al sacrificio del pueblo colombiano —campesino, pescador y humilde— que, ahora, con el intervencionismo extranjero, pretenden estratégicamente volver al poder y aliarse con el imperio para acceder al oro negro del país vecino, poniendo a Colombia al borde de una crisis bélica y de estabilidad en la región.
Colombia, hoy revolucionada, abre las puertas a una convocatoria ciudadana para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que realice reformas estructurales judiciales, sociales y políticas que pongan fin a esta corrupción impune.
LA CHUZMA EDITORIAL 
Deja un comentario