Por: Nerio Luis Mejía.

El jueves 11 de septiembre de 2025, el mundo conoció la sentencia impuesta al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que lo halló culpable del delito de intento de golpe de Estado, orquestado junto a un grupo de colaboradores tras perder las elecciones del año 2022, disputadas con Luis Ignácio Lula da Silva.

A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes defienden al expresidente golpista, cuatro de los cinco jueces que estudiaron el caso de Jair Bolsonaro votaron a favor de condenar al exmandatario. Los togados brasileños, al igual que el gobierno de Lula da Silva, hicieron respetar la autodeterminación de los pueblos, sin importar las medidas comerciales impuestas sobre los productos brasileños, como las sanciones con las que amenaza Estados Unidos a los funcionarios judiciales que investigaron y dictaron la sentencia.

Es una clara injerencia en los asuntos internos de Brasil la intromisión de la administración Trump, lo que ha reafirmado la postura firme del gigante del sur, que ha respondido fortaleciendo su alianza con el grupo de países BRICS, del cual también forma parte como miembro fundador.

La sentencia en contra de Jair Bolsonaro no obedece a una cacería de brujas, como lo afirma Donald Trump. A Bolsonaro lo sentenciaron por un delito grave, que pretendía la muerte de su rival, el hoy presidente de Brasil, y entregar el poder a los militares en un intento de golpe de Estado.

Hay quienes han cruzado la raya e irresponsablemente afirman que los juicios en los que se han visto envueltas algunas figuras representativas de la derecha latinoamericana obedecen a una persecución política. Tal es el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado a 12 años de prisión luego de un juicio que duró más de 10 años. El pasado 28 de julio, una jueza lo declaró culpable por la comisión de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Al expresidente de Colombia lo sentenciaron por un delito común, mas no por un delito político; por lo tanto, se desmienten los comentarios y queda sin fundamento alguno la versión de persecución política.

No son las ideologías, ni los partidos y movimientos políticos quienes cometen los delitos; son los individuos. Así que, en ese orden de ideas, cada quien debe responder por sus actuaciones.

La condena proferida en contra de Jair Bolsonaro, como también la dictada en contra de Álvaro Uribe, despeja el lóbrego panorama de la justicia en Latinoamérica. No es un tema novedoso en la región; lo mismo ocurrió en Venezuela en el año 1994 con Carlos Andrés Pérez, por malversación de fondos; con Alberto Fujimori en Perú, condenado por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción; con Alan García y con Carlos Menem en Argentina. En fin, Uribe Vélez y Bolsonaro no son los únicos expresidentes condenados, pero sí los más recientes que fueron hallados culpables, lo que reafirma que en estos países del continente nadie está por encima de sus constituciones ni de su sistema judicial, sin importar las presiones e injerencias, vengan de donde vengan.

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