Por: Jefferson Andrés Rodríguez

Esa es la causa que enarbola como bandera para el 26 de octubre la candidata al Senado por el Pacto Histórico, la periodista Deyci Alejandra Omaña Ortiz, reconocida en la industria pornográfica como Amaranta Hank. Ella propone la regulación mediante leyes de las actividades sexuales pagas —como el modelaje webcam, la creación de contenido en plataformas como OnlyFans, la pornografía y el trabajo sexual en calle, establecimientos, zonas rurales y corredores viales— con el fin de proteger los derechos de las mujeres y de la población vulnerable LGBTIQ+ y OSIGEG, en contextos tanto urbanos como rurales.

Su candidatura surge también como una denuncia pública sobre la violencia sexual y la violencia basada en género dentro de la industria para adultos, donde asegura que existen abusos cometidos por actores, directores y productoras. Su discurso se alinea con la defensa de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro y respalda la campaña presidencial de Iván Cepeda por el Pacto Histórico.

“Del porno al Congreso”, contra todo pronóstico, instaló en el debate público un tema que toca el pudor y la doble moral de una sociedad tradicionalmente conservadora y católica: la explotación laboral y sexual, que muchos reducen a la idea de «trata de blancas», ignorando que se trata de trata de personas, una forma de esclavitud moderna.

Hablar de la legalización de las actividades sexuales pagas y de la regulación laboral para evitar la subordinación y explotación no es un debate del futuro; es una necesidad urgente del presente.

No se trata de construir un decálogo moral sobre cómo salvar a Colombia, sino de escuchar la voz de una mujer que ha sido periodista, escritora, activista y ex-actriz pornográfica, quien además tuvo un breve paso por el Ministerio de Igualdad como funcionaria en la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas. Renunció a ese cargo y hoy busca llegar al Congreso para hablar sin tapujos del trabajo sexual como acto transformador y liberador.

Por primera vez en la historia política de Colombia, una campaña electoral pone en discusión de forma abierta el trabajo sexual y la prevención de la trata de personas. Y eso ocurre a pesar de ser un país conservador que ha mantenido estos temas fuera de la agenda nacional por décadas.

Es fundamental comprender las violencias estructurales que recaen sobre quienes ejercen actividades sexuales pagas y avanzar hacia una regulación que dignifique el trabajo y proteja a los más vulnerables: quienes están en el último eslabón de la cadena. Al final, como dice un viejo refrán castellano: “Reunión de pastores, oveja muerta.”

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