Anónimo

Los cuestionamientos objetivos del panorama político en Colombia, a la fecha actual de octubre de 2025, giran en torno a las elecciones de 2026, del próximo mandatario y la composición del nuevo legislativo, los cuales definirán el futuro de la nación en temas neurálgicos como la implementación de políticas de “paz”, la continuidad o no de las reformas sociales y la definición de posiciones globales ante la situación humanitaria, climática y de intervencionismo en el Caribe, entre otras.

El aumento de la violencia, como ha sido característico en época electoral, donde los actores armados presionan y ciertas candidaturas aprovechan los discursos en clara alianza, siempre ha incrementado el terrorismo contra líderes, generando preocupación por la seguridad de los comicios de 2026. La historia nuevamente se repite en su ciclo con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado mes de junio. Reuniones con grupos armados hace un mes, donde el Gobierno sostuvo una ronda de conversaciones con el Clan del Golfo en Catar, en la que dicho grupo se comprometió a no interferir en las próximas elecciones, y los llamados a la protección hechos por la Misión de Observación Electoral (MOE), han instado a reforzar la seguridad para garantizar elecciones transparentes y libres, en común acuerdo con la ONU.

A nivel global, las negociaciones con grupos armados ilegales han sido la única forma de des escalar conflictos para lograr estabilidad y calma en los territorios mediante procesos de paz, a lo cual la misma sociedad colombiana clama. El Gobierno actual pretende continuar diálogos con diversos grupos armados como parte de su política de “paz total”. A pesar de los esfuerzos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calificó la situación humanitaria del primer semestre de 2025 como la peor de la última década, con graves consecuencias para la población civil. Caso ejemplo, el del Catatumbo, con más de 50 mil desplazados por los enfrentamientos entre FARC y ELN, en alianza con el narcotraficante paramilitarismo. Así mismo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la escalada del conflicto entre grupos armados en siete departamentos, lo que representa un alto riesgo para la población por el reiterado incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC.

Las reformas sociales, como la laboral contenida en la Ley 2466 de 2025, aprobada en junio, redefinieron aspectos del trabajo en el país y reforzaron la protección laboral, aunque han generado debate sobre sus implicaciones económicas. Las reformas de salud y pensional han provocado una fuerte polarización política con el Gobierno, que busca avanzar en sus iniciativas en el Legislativo, presionando ahora como “caballo de batalla” en las próximas elecciones la promoción de una asamblea constituyente, donde será el pueblo quien decida. Se suman los cuestionamientos fiscales expresados con preocupación sobre el cumplimiento del plan de gasto del Gobierno, alertando un posible aumento del déficit fiscal y riesgos económicos debido a los recortes presupuestales no aprobados.

La Registraduría Nacional ha anunciado la realización de consultas internas de partidos para el 26 de octubre de 2025, aprovechando la cita electoral programada de los Consejos de Juventud. Así mismo, fue radicada en la Cámara de Representantes, en septiembre de 2024, la propuesta de financiación 100% estatal de campañas y listas cerradas con equidad de género, de acuerdo con datos recientes del DANE sobre cultura política (ECP) de 2023, que revelan la percepción de la población sobre la protección de derechos de minorías y la disposición a votar por mujeres, buscando equilibrar la paridad en cargos públicos de elección.

Actualmente, se debate a nivel mundial la situación de Gaza por el genocidio sistemático de Israel contra Palestina, el cual, antes de la conferencia en la ONU, no estaba tan neurálgico y fue encendido por Colombia, luego de la descertificación con cifras no registradas que inflaron las estadísticas para el actual Gobierno, como expone la investigación que se encuentra en debate en el organismo, relacionada con cultivos en el Cauca no registrados en el anterior mandato. Así mismo, está encendido el intervencionismo sobre el Caribe contra Venezuela por parte de Estados Unidos, con el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”, masacrando a 21 civiles que presuntamente transportaban drogas, sin un debido proceso de verificación, detención y enjuiciamiento, como lo contempla la Justicia Internacional.

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