Por: John Jairo Gelvis Vargas

La instrumentalización de las comunidades afrodescendientes en la política colombiana es un tema que requiere atención y reflexión. Durante tres años y un mes de gobierno, estas comunidades han sido utilizadas como herramientas en disputas ideológicas y problemas sociales, sin que se hayan logrado avances significativos en su beneficio.

La Ley 70 de 1993 fue un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP). Sin embargo, su implementación ha sido limitada y ha dejado vacíos significativos. Por ejemplo, la legalización de territorios ancestrales ha sido percibida como insuficiente.

En la actualidad, el Ministerio de Igualdad y Equidad, creado durante el gobierno de Gustavo Petro, ha tenido un desempeño cuestionable. La gestión de Carlos Rosero al frente de esta cartera apenas alcanzó una ejecución del 5% y terminó con un polémico episodio en el que el presidente Petro le recriminó públicamente con la frase: «A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir un actor porno».

Este episodio evidenció la falta de reconocimiento del trasfondo racial en la relación entre el gobierno y los funcionarios afrodescendientes.

Otros casos que reflejan esta tensión son:

• El nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes: pese a no cumplir con los requisitos mínimos para el cargo, su designación fue defendida por el gobierno como un caso de persecución por ser mujer, pobre y afro.
• La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional: María Patricia Balanta Medina, candidata afro, se desmarcó del petrismo y declaró sentirse estigmatizada «por ser mujer y por ser negra», después de perder la votación frente a Carlos Camargo.

En conclusión, las comunidades afrodescendientes siguen siendo utilizadas como piezas en la disputa política sin que se les permita liderar transformaciones reales en beneficio de sus poblaciones. Es necesario que se reconozcan sus derechos y se implementen políticas efectivas para abordar las desigualdades y la discriminación racial en Colombia.

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