Por: Nerio Luis Mejía.

La tragedia que hoy se vive en la región del Catatumbo, y que se ha extendido, casi, a toda la región de Norte de Santander, al igual que a las poblaciones del vecino departamento del Cesar, son el resultado de un grito que se perdió en la distancia, un clamor que jamás fue escuchado, y que hoy muchos lamentamos ante la desidia de un Estado, que no le importa lo que aquí está ocurriendo.

Se ignoró por completo el informe de una institución tan respetable como la Defensoría del Pueblo, que mediante la Alerta Temprana (AT) No.026 emitida el 15 de noviembre del 2024, advertía sobre la tragedia que se avecinaba, pero quienes tenían la capacidad y el poder de evitar la crisis nada hicieron. Hoy en el Catatumbo se vive con miedo, entre el ruido de los fusiles y el silencio del Estado.

Los grupos armados ilegales, se pasean libremente por los territorios, sin el mas mínimo temor de enfrentarse con la fuerza pública. Instalan retenes, asesinan, secuestran, amenazan, reclutan, se enfrentan entre sí, sin importar la suerte que corra la población civil que queda en medio de las balas, la que no solo fijan sus miradas al cielo en busca de una respuesta espiritual, sino que apuntan sus ojos a las alturas para esquivar la carga explosiva, que dejan caer los drones homicidas quienes no aplican el principio de distinción, entre combatientes, y población no combatiente, lo que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario (D.I.H).

Los homicidios están a la orden del día, imágenes de violencia que circulan por las redes sociales ya son parte del paisaje, carros incinerados, cuerpos esparcidos por las carreteras, combatientes de los bandos enfrentados que celebran cada una de sus atrocidades, acusaciones mutuas entre los actores armados, también hay que mencionar los señalamientos sobre la población civil, la estigmatización de instituciones que trabajan en favor de la paz. Aquí nadie se escapa de los señalamientos, ni la propia iglesia que trabaja incansablemente por recuperar la fé, y que la esperanza de la paz florezca sobre cada uno de nosotros, los fusiles son los que mandan, son a quienes se les debe obedecer, ante un silencio del Estado.

En las carreteras del departamento de Norte de Santander, al igual que en la región del Sur del Cesar, es mas probable chocar contra una vaca que se atraviese en el camino, que encontrarse con un puesto de control de la fuerza pública. Los 10 mil militares desplegados en el Catatumbo son un espejismo en la imaginación de los funcionarios del actual gobierno. Quienes, si aprovechan el vacío institucional, son los actores armados para avanzar en el control territorial, y social que imponen en los territorios.

En medio de esta situación caótica, que se vive a consecuencia del ruido de los fusiles y el silencio del Estado, nos preguntamos. ¿si habrá garantía para el ejercicio electoral que se avecina en los próximos meses del 2026?

¿Cuáles serán los afortunados candidatos, que podrán pasearse libremente por el territorio en busca de los votos, que los convertirán en los nuevos millonarios, mientras sus electores seguirán viviendo entre las balas y el abandono del Estado?

El pasado mes de junio de 2025, la Defensoría del Pueblo, en su compromiso institucional por la defensa de los derechos humanos (DD. HH), nuevamente emitió un informe de seguimiento y actualización de la alerta temprana, AT 026-24, en las que también incluyen la presencia de grupos paramilitares que amenazan con incursionar en la ya convulsionada región de Norte de Santander.

Esperemos que sean atendidas estas recomendaciones por el actual gobierno, y a través de una respuesta institucional integral, se conjure el ruido ensordecedor de los fusiles, ante el silencio del Estado en esta parte del país, que vive entre el miedo y la incertidumbre.

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