Por: Nerio Luis Mejía.

El día 16 de septiembre de 2025, los más importantes diarios de nuestro país registraban en sus portadas la noticia sobre la descertificación que había sufrido Colombia por parte de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. No era algo que sorprendiera, más bien había llegado lo que se esperaba, debido al incremento del número de hectáreas de coca sembradas en el país en los últimos años y la histórica producción de toneladas métricas del alcaloide.

La administración Petro, en una carrera contrarreloj en aras de evitar la descertificación, arreció el combate contra los carteles de la droga; las incautaciones batieron récords históricos. El anuncio de volver a las aspersiones aéreas en los lugares donde se instrumentaliza a la población civil por parte de las estructuras del crimen organizado para evitar la erradicación de los cultivos de uso ilícito denotaba la preocupación del mandatario de los colombianos por cambiar el destino de una sentencia anunciada. Sin embargo, nada pudo hacer el presidente de pensamientos poéticos y líder opositor de esa gran cruzada guerrerista con la que amenaza el impredecible Trump a los regímenes de aquellos países en el continente suramericano en los que se producen o por donde se transita con cocaína y fentanilo hacia los sedientos consumidores del gigante del norte –los Estados Unidos.

A pesar de que Colombia no pasó el examen de la certificación gringa, el gobierno estadounidense reconoció el esfuerzo que realizan los hombres y mujeres que integran las fuerzas del orden de nuestro país en su lucha contra el narcotráfico, por lo que consideraron continuar financiando la ayuda para seguir combatiendo este flagelo que no solo castiga a Colombia, sino también al mundo.

Por otro lado, mientras la noticia sobre la descertificación ocupa las primeras planas informativas y genera acalorados debates entre detractores y defensores del actual gobierno, nada de esto ha podido borrar el escándalo que produjeron las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del excongresista Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d.), en las cuales acusó a María Fernanda Cabal de amenazarla en pleno funeral de su difunto esposo. María Fernanda Cabal, actual senadora de la república y precandidata presidencial de cara a las elecciones del 2026, fue rival del exsenador Miguel Uribe Turbay al interior del Centro Democrático en la puja por ganar la consulta y representar a esta colectividad en las elecciones que se celebrarán en el 2026 en nuestro país.

Este choque político al interior del uribismo demuestra la ambición al poder por parte de quienes se creen que tienen los mejores atributos para gobernar la malherida democracia colombiana. A ello le sumamos las aspiraciones del abogado Abelardo de la Espriella, quien afirma que, de ser electo como presidente de la república en nuestro país, promete extirpar a todo lo que le huela a izquierda, volverán las fumigaciones sobre los cultivos ilícitos y los bombardeos a los campamentos de los grupos ilegales; en fin, aplicará la mano dura. Todo este mosaico de candidatos aspirantes a dirigir a Colombia deja ver a flor de piel que los electores estamos frente a una gran disyuntiva: escoger lo mejorcito “entre los extremos y los tibios”, ya que de momento no existe un solo candidato o candidata que tenga la suficiente fuerza para unir al país.

Por el lado del petrismo, sorprendía el llamado que hacía la aspirante del Pacto Histórico, Carolina Corcho, quien pedía el desmonte de una valla instalada en la ciudad de Medellín que anunciaba la “declinación de su candidatura”. Carolina Corcho pide juego limpio al interior de la colectividad del Pacto Histórico en sus aspiraciones por llegar a la Casa de Nariño.

La descertificación de momento no es algo que preocupe al actual gobierno de Petro, ya que está en la fase terminal de su mandato; pero sí deja un gran desafío a los colombianos: escoger entre extremos y tibios de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y tener que dar muestras en el combate del narcotráfico y toda forma de criminalidad para poder ganar el favor del gobierno de Trump, lo que se puede traducir en la certificación.

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