Por: Nerio Luis Mejía.

Por más de medio siglo, los intentos de diferentes gobiernos por alcanzar la paz negociada en Colombia han resultado infructuosos. La actual administración de Gustavo Petro, en aras de dar cumplimiento a su promesa de campaña de lograr «la paz total» con todas las estructuras del crimen organizado, lo ha llevado a otorgarle ciertos estatus de reconocimiento a diferentes grupos armados, como muestra de querer avanzar en los fracasados intentos de diálogos para el logro de tal propósito.

Mediante la resolución 036 del 6 de marzo del año 2023, el gobierno de Gustavo Petro reconoció al ELN como una organización política armada rebelde, lo que en su momento era una exigencia por parte del grupo ilegal para poder avanzar en las conversaciones de paz que se adelantaban en su momento con esta estructura ilegal. Desafortunadamente, nada de eso se logró.

El 4 de noviembre del año 2022, el actual gobierno sancionó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de la «Paz Total», la cual le otorga facultades legales al presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales en Colombia. Sin embargo, transcurridos casi dos años, los avances obtenidos son pocos o casi nulos.

Recientemente se conoció la resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, por medio de la cual se reconoce por parte del Ejecutivo colombiano al denominado Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como grupo armado organizado (GAO). De acuerdo con el documento, se cumplen los criterios de ley para otorgarle la categoría a esta agrupación criminal, reconociendo que obedecen a una unidad de mando responsable, la capacidad de ejercer control territorial y realizar operaciones militares sostenidas y concentradas.

Todo este conjunto de medidas, que parecen obedecer a una política desesperada más que acertada por parte del gobierno de Petro en la búsqueda de la paz total, produce un efecto contrario. Esto ha llevado al empoderamiento de los grupos alzados en armas en gran parte del territorio nacional, donde el recrudecimiento de la violencia es evidente. Mientras se adelantan conversaciones exploratorias con el denominado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo en Catar, esta estructura criminal viene librando una guerra a sangre y fuego en varios departamentos del país, donde se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal con otros actores armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Al igual que con las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también han asesinado a miembros de la fuerza pública.

La decisión del gobierno de Gustavo Petro de reconocer a estas estructuras criminales como fuerzas que ejercen control territorial y social sobre determinadas regiones, con la intención de lograr la paz total, se asemeja a la metáfora de quien «cabalga un caballo muerto». Por la experiencia concebida a lo largo de nuestra historia de negociar la paz, utilizando los mismos mecanismos nos lleva a pensar con certeza que no se va a lograr nada. Nada de lo que se ha intentado para alcanzar la paz ha servido. Hay que reconocer que, en materia de negociar la paz con los grupos criminales, estamos cabalgando sobre un caballo muerto. Lo aconsejable es quitarle la silla al caballo y buscar otro caballo para poder llegar a nuestro destino, que es la paz total. Quizás se logre no negociando, sino combatiendo al crimen y dejándole como única ventana de salida el sometimiento a la justicia.

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