Por: John Jairo Gelvis Vargas

Desde la promulgación de la Ley 30 de 1993 sobre educación superior, la cual otorgó autonomía a las universidades para organizar sus procesos administrativos, académicos y de gestión interna, se abrió un camino significativo en la regulación del ejercicio docente. Esta norma reconoció la figura del profesor catedrático como aquel que contribuye a la vida académica mediante la transmisión de conocimientos y experiencias adquiridas en su trayectoria profesional.

No obstante, con el paso del tiempo esta modalidad se consolidó en medio de profundas desigualdades, ya que la distribución del presupuesto benefició principalmente a unas pocas instituciones con capacidad para sostener procesos de acreditación institucional y de registro calificado.

En contraste, las universidades públicas de provincia debieron sostenerse con recursos limitados, apoyándose de manera predominante en los docentes de cátedra. Para muchos profesionales, la docencia universitaria se transformó en un estilo de vida que se ha prolongado por más de tres décadas, llevándolos incluso a endeudarse para cursar posgrados que fortalezcan sus competencias, pese a que sus ingresos resultan insuficientes para una vida digna. Un ejemplo de ello se observa en las universidades públicas de provincia, donde un docente con diez horas semanales, incluida la asesoría, percibe alrededor de $25.000 por hora, es decir, cerca de $1.000.000 mensuales, con el agravante de que, pese a contar con veinte o veinticinco años de experiencia, cada vez se les asignan menos horas de clase.

En este contexto, el presidente de ASPU Cúcuta, José Ricardo Bermúdez Santaella, ha reiterado que la formalización docente constituye el camino hacia la igualdad y la dignificación de los catedráticos. ASPU Nacional, junto con sus seccionales, ha venido ejerciendo presión para que las universidades públicas y el Ministerio de Educación cumplan con el Decreto 391 del 1 de abril de 2025, el cual se erige como el único reglamentario del sector educación y establece los lineamientos para diseñar e implementar planes de formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior Estatales u Oficiales. Este decreto, disponible en la pagina de la función publica en el cual dice que https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=259637 representa una esperanza para saldar la deuda histórica con los docentes de cátedra, particularmente aquellos que ejercen en provincias y que han sido fundamentales en la consolidación de la educación superior en Colombia. Para muchos de ellos, garantizar un ingreso digno implica distribuir su tiempo entre dos o tres universidades, sacrificando su estabilidad personal y su bienestar familiar. A pesar de que la docencia universitaria es reconocida como una labor noble y esencial en la formación de profesionales, continúa siendo un trabajo profundamente marcado por la precariedad laboral. En este sentido, la expedición del decreto abre la posibilidad de mejorar las condiciones de quienes han sostenido durante décadas la educación superior en el país. Tanto los rectores de las universidades públicas como el sindicato ASPU han asumido este reto como una causa central, convencidos de que la formalización es indispensable para avanzar hacia un sistema educativo más justo, equitativo y digno para los docentes.

El actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha reiterado en diversos escenarios que la formalización docente será vigilada con especial rigor. Para ello, ha establecido canales de comunicación directa tanto con la dirigencia de ASPU como con las autoridades de las 33 universidades públicas del país, con el fin de garantizar que la implementación del decreto no sufra retrasos. En intervenciones anteriores, el ministro ya había reconocido que una parte significativa de los avances en investigación de las universidades recae en los docentes de cátedra, y que resulta indispensable dignificar sus condiciones laborales para fortalecer el futuro de la educación superior. Asimismo, ha resaltado que los profesores son pilares en la transformación social, ya que a través de la formación de sus estudiantes contribuyen al cambio del país. La deuda histórica con este gremio se hizo aún más evidente durante la pandemia, cuando numerosos docentes fallecieron en condiciones precarias, algunos de ellos incluso corrigiendo exámenes desde hospitales para cumplir con sus responsabilidades académicas https://www.eltiempo.com/bogota/covid-19-fallece-profesor-en-bogota-a-causa-de-coronavirus-560871 En este sentido, la formalización docente no solo representa un paso para saldar una deuda largamente postergada, sino también un reconocimiento al papel esencial que desempeñan estos profesionales en la construcción de una nación más equitativa y con mayor justicia social.

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