Por: Juan Maldonado

Desde hace más de diez años, la sombra del Peaje La Parada —ubicado en el sector de Lomitas, Villa del Rosario— ha marcado la vida de miles de ciudadanos. Lo que para algunos es solo una estación de cobro, para otros ha sido sinónimo de injusticia, promesas incumplidas y un riesgo constante para la seguridad de la región.

Todo comenzó cuando el ingeniero Jesús Alfonso Castañeda, junto a Rafael Robles y el arquitecto Pablo Mariño, inició gestiones técnicas y comunitarias para cuestionar su permanencia y sus impactos en la comunidad. A inicios de la segunda década del dos mil, el ciudadano Miguel Ángel Flórez interpuso una demanda de nulidad contra el acto administrativo que dio vida a la nueva concesión. Tiempo después, la firma de abogados Global presentó una acción popular denunciando la afectación de derechos colectivos.

El conflicto tomó un nuevo giro el 21 de febrero de 2025, apenas tres días después de la ola de violencia perpetrada por el ELN en la región. Ese día, el gestor social Juan Maldonado presentó una querella para frenar la reconstrucción del peaje y negar futuras licencias. El 24 de febrero, la veeduría Flores Opina respaldó formalmente esta solicitud. La Inspección de Policía admitió las querellas e inició un proceso de verificación y control.

La Unión Temporal de Peajes Nacionales respondió con una tutela, pero el juzgado competente la rechazó y ratificó la legalidad de las actuaciones. El alcalde Juan Camilo Suárez respaldó entonces la decisión de la Inspección y bloqueó la reconstrucción. Incluso un estudio patológico presentado por la Unión Temporal fue rechazado, y se ordenó la demolición total de la estructura.

Un capítulo que sigue abierto

Parecía que la historia llegaba a su fin, pero la realidad es otra. La Unión Temporal aún puede presentar nueva documentación para solicitar licencia de construcción y reactivar el cobro en el mismo punto. En junio de 2025, el Comité de Cabildo y Consulta Popular logró recolectar las firmas necesarias para que el cabildo municipal se realice durante agosto, con la presencia de todos los actores implicados.

Sin embargo, en una reunión en Bogotá con el Ministerio de Transporte, la gerencia de Peajes Nacionales y el INVÍAS, una delegación de cuatro miembros del comité escuchó un mensaje contundente: las entidades “usarán todas las herramientas” para mantener el cobro, asegurando incluso que contaban con una supuesta aprobación de la Alcaldía de Villa del Rosario. Mientras tanto, el alcalde Camilo Suárez no ha ordenado la demolición y sostiene que, jurídicamente, el peaje “sigue vivo”.

Ante este panorama, los comités han pasado a la acción directa: una campaña casa a casa para sumar líderes sociales y comerciantes en una recolección masiva de firmas que permita convocar una consulta popular.

Más que un peaje, un problema estructural

La raíz del conflicto no es solo económica. Durante casi dos décadas de cobro continuo, el peaje no ha significado mejoras visibles para la malla vial de Villa del Rosario. Las promesas de inversión se han desvanecido en el aire y las obras anunciadas han quedado a medio camino o, simplemente, nunca llegaron. A esto se suma un riesgo latente de inseguridad: la ubicación estratégica del peaje, en una zona fronteriza, lo convierte en un punto vulnerable para la ciudadanía y para el tránsito seguro.

El pulso sigue abierto. No se trata únicamente de una estructura de concreto en medio de la vía, sino de una decisión de fondo: ¿continuar con un cobro que no ha retribuido en inversión local o dar paso a un modelo de movilidad más justo y seguro? Para los líderes comunitarios, la respuesta debe ser clara y contundente: que sea el pueblo quien decida.

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