Por: John Jairo Gelvis Vargas
Esta semana, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque durante toda la audiencia Uribe se proclamó inocente, el origen de este proceso judicial se remonta a 2011. En ese entonces, el representante a la Cámara Iván Cepeda —hoy senador de la República— visitaba cárceles del país en el marco de la Ley de Justicia y Paz, entrevistando a ex-paramilitares dispuestos a hablar sobre el fenómeno del paramilitarismo. En una de esas visitas, Cepeda se encontró con Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la finca Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Monsalve afirmó haber presenciado la creación del Bloque Metro por parte del hermano del expresidente y confesó estos hechos a Cepeda, involucrando así a Álvaro Uribe en las raíces del paramilitarismo.
Posteriormente, en 2014, Uribe denunció a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, tras una investigación de la Corte Suprema, se concluyó que Cepeda no compró testigos, sino que fue víctima de una operación que buscaba incriminarlo injustamente. En contraste, el equipo jurídico de Uribe, encabezado por el abogado Diego Cadena, quedó involucrado en el ofrecimiento de prebendas económicas a ex-paramilitares para que testificaran falsamente en contra de Cepeda. Cadena fue grabado en cámaras ocultas negociando declaraciones en nombre de Uribe y, además, se encontró trazabilidad en transferencias de dinero a familiares de jefes paramilitares. Estos hechos, junto a la interceptación del teléfono del entonces senador Uribe, llevaron a la Corte Suprema a abrirle una investigación formal en 2020.
En un intento por desviar el proceso hacia la Fiscalía y alejarse de la Corte, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo cual generó críticas por lo que muchos consideraron una maniobra para obtener un trato favorable.
Sin embargo, durante años, varios fiscales mostraron una actitud poco proactiva en esclarecer los hechos, lo que fortaleció la percepción de que la Fiscalía actuaba más como defensa que como acusación. No obstante, el caso avanzó y finalmente fue asumido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien, a pesar de la presión mediática y política, llevó adelante el juicio con firmeza e independencia. Durante la lectura del fallo, pronunció frases emblemáticas como: “La justicia no se arrodilla ante el poder”, “Este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos” y “El fallo no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Será como debe ser: una respuesta del Estado a través de su justicia”.
Este caso se ha convertido en uno de los episodios judiciales más relevantes en la historia política de Colombia, al demostrar que incluso un expresidente puede ser llevado ante la justicia por hechos de corrupción, compra de testigos y manipulación de procesos. El fallo ha generado tensiones a pocos meses de elecciones legislativas y presidenciales, lo que ha sido criticado por sectores uribistas. Sin embargo, también se ha advertido que el actual presidente, Gustavo Petro Urrego, enfrenta cuestionamientos por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y muchos recuerdan que la justicia debe actuar con igual rigor ante todos los sectores políticos.
Como ha señalado la opinión pública, no se puede permitir que la justicia opere selectivamente. En Colombia hace falta una transformación profunda, no solo en el ámbito judicial, sino también en la cultura ciudadana: que no se valore la corrupción según simpatías partidistas. Lo sucedido en los juzgados de Paloquemao, donde simpatizantes de Uribe y Petro se enfrentaron a golpes, evidencia la necesidad urgente de coherencia y madurez democrática.
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