Por: John Jairo Gelvis Vargas

En las últimas semanas, dentro del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, se ha intensificado el conflicto entre algunos dirigentes AFRO que ocupan cargos de decisión. Un ejemplo de ello es el caso del ministro de Igualdad, Carlos Rosero, quien se negó a posesionar como viceministro a Juan Carlos Florián, un ex actor porno. Esta situación generó controversia, especialmente tras las declaraciones del presidente Petro, quien afirmó: “Nadie que sea negro me tiene que decir que excluya a un actor porno”. Aunque sus palabras no son ilegales, sí han abierto un debate ético.

Durante esta misma semana, el Ministerio de Igualdad ha enfrentado denuncias por acoso laboral y sexual entre funcionarios vinculados al Pacto Histórico. Esto ha generado decepción entre quienes esperaban un cambio real en las prácticas políticas, pues desde la campaña presidencial se prometió romper con las viejas costumbres, promesas que hoy muchos consideran incumplidas. Surgen preguntas legítimas: ¿Este era el cambio que se le ofreció al país? Muchos seguidores del presidente, autodenominados «Petristas», continúan defendiendo el proyecto progresista con un fervor similar al de los más fieles Uribistas. En ocasiones, resulta difícil discernir cuál de los dos extremos es más perjudicial para la democracia.

Si bien los escándalos actuales no son nuevos en la política colombiana, en este gobierno generan más repercusión debido a su bandera de lucha contra la corrupción, el feminismo, el enfoque étnico y la promesa de una paz total. En este contexto, también ha llamado la atención el distanciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez con el gobierno y el Pacto Histórico.

Recientemente, expresó públicamente cómo, según ella, fue utilizada por el presidente y su movimiento para ganar votos. Asegura que, una vez en el poder, fue relegada de las decisiones importantes, repitiendo un patrón histórico en Colombia: los afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas han sido fundamentales en los procesos de liberación, pero han sido marginados una vez logrados los objetivos políticos.

El caso de Márquez es representativo del uso estratégico de figuras simbólicas en campañas: una mujer desconocida para muchos, pero con una capacidad de conectar emocionalmente con sectores históricamente excluidos, como afrocolombianos, indígenas, víctimas del conflicto, desplazados y trabajadores de servicios. Ella encarnaba la posibilidad de que alguien del pueblo llegara a ocupar un cargo de alto nivel en el país. La gran reflexión es si, en Colombia, las comunidades afro, indígenas, Rrom y víctimas del conflicto solo importan durante las elecciones.

En los discursos políticos abundan las promesas de vías terciarias, placa huella y mejoras en las condiciones del campo, pero estas promesas suelen quedarse en palabras.

El mensaje transformador que alguna vez movilizó multitudes parece haber sido sustituido por una narrativa de confrontación: el Senado es enemigo, los jueces también, y los magistrados son un obstáculo. Sin embargo, el ordenador del gasto sigue siendo el presidente Petro, y para formar parte de su círculo cercano parece necesario repetir todo lo que él dice, como lo hacía el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien terminó siendo responsabilizado en un caso que afectó su nombre. Otros, como Armando Benedetti y Mauricio Saade, representan lo que muchos consideran la nueva clase de «super amigos» políticos. Como se dijo al inicio: puede que todo sea legal, pero ¿es ético?

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