Por: Nerio Luis Mejía.
El 12 de marzo de 1996, el frente 35 de las extintas FARC perpetró uno de los atentados terroristas más crueles en la historia de Colombia. Ese día, el grupo criminal utilizó un burro cargado con explosivos y lo hizo detonar al frente de la estación de policía del municipio de Chalan, Sucre. En esta abominable acción perdieron la vida 11 uniformados de la Policía Nacional.
Han transcurrido casi 30 años desde la ocurrencia de ese hecho salvaje, que dejó una herida abierta difícilmente de cicatrizar con el solo pasar del tiempo, ante la ausencia de responsabilidad por culpa de una justicia que, en vez de juzgar a los determinadores, decidió pactar un modelo de transicionalidad que huele más a impunidad que a una aplicación de las leyes existentes.
No obstante, tras la desaparición de las FARC, el conflicto en Colombia está más vivo que nunca, alimentado por la sevicia y los intereses alrededor de las economías ilícitas que siguen fortaleciendo a un sinnúmero de estructuras criminales a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. La barbarie ha vuelto y, al igual que en los años noventa, no conoce límites a la hora de hacerse sentir, con la macabra intención de sembrar el terror en una sociedad que ha perdido la memoria ante una violencia que se ha convertido en parte de nuestro diario vivir.
Parece que el miedo es el común denominador; nadie dice ni hace nada frente a la utilización de indefensos animales para cometer los más repudiables actos en contra de la fuerza pública y la población civil. Cabe recordar que estos son métodos de guerra prohibidos, ya que se consideran una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.).
El pasado 9 de julio de 2025, en el municipio de Valdivia, Antioquia, al parecer presuntos guerrilleros del ELN hicieron detonar una carga explosiva adherida al cuerpo de una mula en contra de una patrulla militar que realizaba labores de patrullaje en la referida localidad. La acción criminal dejó como resultado un oficial del Ejército asesinado y varios soldados heridos.
Este acto terrorista fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes, de conformidad con su misionalidad, solo se limitan a reprochar estas abominables acciones. Sin embargo, nuestra justicia parece guardar silencio ante el recrudecimiento de la violencia que no conoce límites.
De no crearse un precedente judicial frente a estos desnaturalizados actos, seguirán cobrando la vida de indefensos animales y, de paso, vidas humanas. ¿Dónde están los defensores de los animales que no salen a condenar estas macabras acciones?
En las regiones de conflictos, vemos una romería de aspirantes a las codiciadas curules de paz o curules para las víctimas del conflicto armado. Tanto los aspirantes como los actuales representantes no se pronuncian ante semejantes violaciones a los derechos humanos y, de paso, los derechos de los animales. ¿Será que nadie quiere arriesgarse a perder su capital electoral por las represalias de los actores armados en contra de quienes se atrevan a condenarlos?
Mientras el miedo sea la regla a seguir, los violentos continuarán utilizando la indefensión animal para perpetrar las más crueles acciones, las que con toda certeza quedarán en la impunidad, ya que en nombre de la paz se logra sacarle el quite a una floja e inoperante justicia que alimenta la criminalidad en Colombia, la cual no conoce límites y seguirá asesinando hasta a los desprotegidos animalitos.
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