Por: John Jairo Gelvis Vargas

El pasado sábado en horas de la tarde, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en Fontibón, una localidad ubicada en la parte noroccidental de Bogotá. Este lamentable hecho fue perpetrado por un menor de 14 años.

Desde entonces, el precandidato ha permanecido en estado crítico en la Fundación Santa Fe, debatiéndose entre la vida y la muerte. Es importante señalar que, desde el primer momento, las redes sociales, utilizadas por diversos grupos de izquierda y derecha, iniciaron una campaña de desinformación masiva. Las primeras impresiones fueron particularmente perjudiciales para la democracia del país, pues se propagó la idea de un «autoatentado» sin que se tuviera claridad sobre el contexto o la realidad de lo sucedido. Esta especulación, teñida de mofa y sátira, generó un profundo malestar en la población colombiana.

La posterior divulgación de un video de los hechos dejó en evidencia la falsedad de estas afirmaciones, planteando la sencilla pregunta de quién se auto atentaría con múltiples disparos para ganar una elección. Desafortunadamente, gran parte de la opinión pública sucumbió al juego de la incitación en las plataformas digitales. El incidente ocurre en un contexto de marcada tensión política en el país, donde el Presidente de la República y el precandidato presidencial del Centro Democrático mantenían una confrontación prolongada y acalorada. Si bien esta pugna no puede confirmarse como detonante directo de las acciones criminales, sí pudo haber encendido y exacerbado los ánimos.

Adicionalmente, se evidenciaron errores garrafales en el esquema de seguridad del precandidato, que al momento del atentado contaba únicamente con dos escoltas de seis asignados. Es relevante destacar que el director nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, había recibido múltiples comunicaciones del precandidato solicitando el refuerzo de su seguridad debido a indicios de un posible atentado. Incluso, el abogado y exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, en una tercera misiva, alertaba sobre un posible atentado contra candidatos de la oposición.

Todo esto ha configurado un ambiente de malas prácticas en la relación entre la oposición y el gobierno nacional durante los últimos dos años, pero lo ocurrido en Fontibón ha traspasado un límite inadmisible. Desde 1995 no se había registrado un atentado contra un precandidato presidencial en Colombia, lo que significa que transcurrieron 30 años sin que el país fuera escenario de tales actos de violencia política. La historia colombiana, lamentablemente, ha estado marcada por magnicidios que han teñido de sangre su democracia. Se pueden recordar figuras como el conservador Álvaro Gómez Hurtado, tres veces candidato presidencial, asesinado en 1995 tras salir de una universidad en Bogotá; Carlos Pizarro Leon Gómez en 1990, asesinado en pleno vuelo; Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, miembro de la Unión Patriótica (UP), asesinado en el aeropuerto El Dorado; Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, ejecutado en Soacha por orden de Pablo Escobar; Jaime Pardo Leal en 1987, candidato de la Unión Patriótica (UP), asesinado tras denunciar crímenes contra su partido; Rodrigo Lara Bonilla en 1984, víctima del narcotráfico; y el emblemático Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuyo asesinato en Bogotá desató el Bogotazo y, con él, el origen de varios grupos guerrilleros de extrema izquierda. Estos hechos de violencia reflejan una trágica incapacidad para el diálogo entre quienes piensan diferente. Aunque el precandidato Miguel Uribe no sea del agrado personal del autor, se privilegia el debate de sus ideas y su posible plan de gobierno en el ámbito democrático, claro se le iba cuestionar si ese plan era realizable a las necesidades del pais. Se considera que, en un país democrático, la contienda debe dirimirse en las urnas y no ser silenciada por una bala.

La imagen de la democracia colombiana ante el mundo se percibe frágil, precisamente por la dificultad para dialogar, debatir y contraargumentar los planes de cada candidato. Esto también deja en una posición comprometida al gobierno nacional, al no brindar las garantías necesarias a figuras políticas o empresariales que ejercen control político sobre las reformas propuestas por el Estado. Se hace un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que modere el discurso de división de clases. El país corre el riesgo de caer en el juego de la provocación, lo que podría rememorar épocas de confrontación civil entre «Godos» y «Cachiporros». Colombia no soporta una guerra civil, y en pleno siglo XXI, es crucial evitar que la historia se repita entre «Uribistas» y «Petristas» por la disputa del liderazgo del país a través de la violencia.

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