Por: Nerio Luis Mejía.

La firma de los acuerdos de paz, suscritos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC, ha sido objeto de muchos debates. Desde las voces que aseguran que «Santos le entregó el país a la guerrilla», hasta los insistentes reclamos por el incumplimiento de lo acordado. Toda esta matriz de opiniones diversas se ha constituido en el pan de cada día en Colombia. Lo que se firmó con el propósito de acabar el conflicto armado en el país, tras el desarme de la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental, dejó ver el interés mezquino por el afán de ganarse el Nobel de Paz, por parte de Juan Manuel Santos, lo que significó el fracaso del célebre Acuerdo de la Habana.

Colombia está viviendo una situación muy delicada en materia de orden público. Desde el asesinato de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, las masacres, el desplazamiento forzado, los secuestros, el ataque con explosivos a las instalaciones militares, policiales e infraestructuras públicas, le sumamos el asesinato de los firmantes de paz, una población objeto de especial protección por parte del Estado, que hoy vive el azote de la violencia.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en lo que va corrido del 2025, han asesinado a 29 líderes sociales y 11 firmantes de paz, situación que debería encender las alarmas a raíz del recrudecimiento de la violencia en las zonas de conflicto, e incluso en los lugares próximos a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los excombatientes realizan sus actividades de adaptación a la vida civil.

Los recientes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que iniciaron el pasado 16 de enero de 2025, en la región del Catatumbo, la cual deja como saldo el asesinato de varios firmantes de paz y la evacuación de otros de las zonas de conflicto, son el resultado equivocado y fallido de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. ¿Cómo no se previó esta situación? ¿Quién garantizaría la seguridad de esta población, que ha depuesto las armas, conviviendo en una región con la presencia de otros actores armados al margen de la ley?

https://www.eltiempo.com/amp/justicia/paz-y-derechos-humanos/jep-ordena-al-ministro-de-defensa-trasladar-a-124-firmantes-de-paz-que-estan-en-riesgo-en-medio-de-la-ola-de-violencia-en-catatumbo-3420751

El drama que están viviendo los excombatientes del Catatumbo y sus familias es una verdadera «pesadilla». Hay quienes aseguran que se encuentran entre la espada y la pared. Los que se quedan en la región tienen que convivir con el miedo existente por la presencia del ELN y las disidencias de las FARC, quienes imponen y establecen el control social en sus zonas de influencia. Por otro lado, los que deciden abandonar el territorio y establecerse en los cascos urbanos temen ser señalados y judicializados por los organismos de investigación del Estado.

Nuestro medio de comunicación, La Chuzma Editorial, a través del testimonio de familiares de firmantes de paz, pudo conocer acerca de la vinculación en procesos penales de los que han sido objetos miembros de esta población. Situación que no solo preocupa a los excombatientes, sino que también afecta emocionalmente a sus familias, quienes dejan ver a través de sus rostros el agotamiento físico y su mirada puesta en el firmamento, en la búsqueda de una respuesta por parte de Dios, ante sus clamores, frente a la pesadilla que están viviendo.

Como medio de información alternativo al servicio de la comunidad, transmitimos las voces de quienes viven la tragedia por la grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo, debido a los enfrentamientos armados entre el ELN, las disidencias de las FARC y las fuerzas legítimas del Estado, que a día de hoy aún continúan. «Exhortamos al gobierno nacional a crear las condiciones y garantías para un retorno seguro, el respeto y acompañamiento en las actuaciones procesales de los firmantes de paz, y el cumplimiento de los acuerdos», son estas una parte de las exigencias que piden algunos familiares de los excombatientes, que están viviendo esta horrible pesadilla, quienes esperan una respuesta de fondo por parte del Estado colombiano y que se ponga fin a la horrible noche que inició el pasado 16 de enero.

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