Por: Nerio Luis Mejía.

«Como si no fuera suficiente con la tragedia humanitaria que hoy golpea al Catatumbo, en los últimos días se ha podido conocer, a través de los medios de información y las redes sociales, sobre algunos hechos de corrupción que tienen que ver con los servicios de alimentación y hospedaje dispuestos para atender a las víctimas que dejan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región. Víctimas en el Catatumbo denuncian que se están robando la plata de las ayudas.»

https://www.rcnradio.com/colombia/victimas-en-el-catatumbo-denuncian-que-seestan-
robando-la-plata-de-las-ayudas

A la lista de sobrecostos, se suman los atropellos que han denunciado familias víctimas de la tragedia humanitaria, como los ocurridos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando un grupo de mujeres desplazadas se asentaron en un lote vacío en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander. Estas mujeres fueron ultrajadas verbalmente por un oficial de la Policía Nacional, quien estaba a cargo de la situación y, mediante amenazas de captura, las obligó a desocupar el lugar.

A esta crisis que ha desbordado la contingencia institucional y el apoyo de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, le aparece un nuevo ingrediente.

Esta vez nos referimos al poder que han tenido las redes sociales, las cuales han jugado un importante papel a la hora de informar sobre los acontecimientos en tiempo real y desde el lugar de la noticia, pero que desafortunadamente existen personas inescrupulosas que han utilizado el poder de esta clase de medios para señalar a algunos habitantes de la golpeada región del Catatumbo como miembros de las estructuras armadas que se disputan el dominio territorial. Esta clase de información, que sin control alguno aparece en nuestros dispositivos móviles, debería al menos llamar la atención de los organismos de investigación del Estado, como también del Ministerio de las TIC. Quienes realizan estas actividades propagandísticas ilegales deben ser conscientes de las conductas penales que pueden enfrentar. Pero sobre todo, reflexionar acerca del daño que se les ocasiona a quienes son señalados en esta clase de mensajes.

En imágenes y videos que circulan en las diferentes plataformas digitales, aparecen líderes sociales de la región, a quienes se les acusa de pertenecer a X o Y grupo ilegal, poniéndoles la lapida sobre sus hombros. Situación que deben tomar muy en serio las instituciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), como la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), y demás organizaciones internacionales que conocen la dinámica del conflicto en la región del Catatumbo. La evolución del conflicto interno colombiano, mediante el proceso de guerra reciclada, nos conduce a la degradación del mismo.

Con el acceso ilimitado a las herramientas digitales, como son las redes sociales, agravan la situación de violencia en los territorios. Esta nueva forma de violencia, que adoptan los diferentes actores armados y personas que no sienten el más mínimo respeto por los derechos de los demás, ponen en peligro la vida y la honra de quienes se les atraviesen a su paso. Por eso es de insistir que se le haga un minucioso seguimiento a las direcciones webs de donde salen esta clase de contenidos dañinos que atentan contra la integridad de quienes son objetos de los señalamientos. Desde luego, sin contravenir las libertades consagradas en nuestro ordenamiento constitucional. Este conflicto que inició el 15 de enero de 2025, con el asesinato de la familia López Durán, quienes eran propietarios de una funeraria en el municipio de Tibú, Norte de Santander, el cual no presenta indicios de cuándo y cómo va a terminar, pero que deja ver la indolencia de quienes ven en la guerra una forma para poder existir.

El irreparable daño no solo es el que han causado las balas y el desplazamiento forzado. También existe una guerra silenciosa, de la cual nadie habla. Esa que, a través de las redes sociales, utilizadas por los criminales que se esconden detrás de un dispositivo móvil, quienes penalizan de muerte a quienes son objeto de sus señalamientos, en este absurdo conflicto que ha herido de muerte el tejido social de la región. Por una paz de verdad en el Catatumbo.

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