Por: Hazzam Gallego
Entre masacres, inseguridad y el creciente miedo en Norte de Santander, la cifra es alarmante: desde 2019 hasta hoy, 22 masacres han sacudido al departamento. La violencia es parte del día a día, y en este escenario, el gobernador William Villamizar intentó imponer una medida que buscaba financiar la seguridad mediante un nuevo impuesto que se cobraría en las facturas de energía de los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6. , así como de los comerciantes. Sin embargo, el proyecto fue rápidamente criticado por sectores sociales y económicos, lo que llevó a su retiro temporal.
El proyecto de Ordenanza 025 , radicado en la Asamblea de Norte de Santander, proponía la creación del Fondo de Seguridad Departamental (Fonset), que se financiaría con el cobro de entre el 3% y 6% del total de las facturas de energía. Los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos del impuesto, pero los demás ciudadanos, comerciantes e industriales se verían obligados a contribuir con este fondo. La medida tenía el objetivo de recaudar aproximadamente $4.800 millones al año , recursos que, según el gobierno departamental, serían utilizados para mejorar la seguridad.
La justificación del gobernador era clara: los recursos actuales para seguridad, que provienen del 5% de los contratos de obras públicas, se han reducido debido al deterioro del orden público y la falta de proyectos. Según el secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero , el Fonset es insuficiente para cubrir necesidades básicas como combustible, vehículos, drones, cámaras de vigilancia y recompensas. Además, mencionó que se requerirían $270.000 millones para crear el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), un modelo de seguridad utilizado en Bogotá y Antioquia, y que también opera en países como México y Estados Unidos.
Sin embargo, el proyecto recibió críticas inmediatas. Diego González, diputado opositor , destacó que en Norte de Santander ya se paga uno de los kilovatios de energía más costosos del país, y que imponer un 6% adicional sería insostenible. Además, Fenalco argumentó que la economía del departamento está atravesando una crisis profunda, con un desempleo que ronda el 18% y una pobreza del 41% , lo que hace inviable la imposición de más impuestos. La medida afectaría principalmente a empresas y comercios, sectores que ya luchan por mantenerse a flote en un entorno económico adverso.
El impacto del impuesto no solo recaería en los consumidores de energía, sino que también golpearía directamente a la industria local, incrementando sus costos operativos. La propuesta original planteaba que, si se implementaba, un usuario de estrato 4, que paga normalmente $200.000 mensuales en la factura de energía, tendría que agregar $6.000 adicionales solo para contribuir al fondo de seguridad.
A pesar de las críticas, el gobernador defendió la medida, señalando que departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena y Bolívar ya han implementado impuestos similares. Pero en estos lugares, las realidades socioeconómicas son diferentes. Mientras que esas regiones tienen economías más dinámicas, Norte de Santander ha sido particularmente golpeado por la crisis económica y la inseguridad, lo que hace que un impuesto adicional genere aún más rechazo.
Finalmente, después de tantas quejas y opiniones y ante la creciente presión social, la gobernadora encargada, Clara Marcela Angulo , envió una carta solicitando el retiro del proyecto de ordenanza para hacer ajustes. La carta llegó cerca de las 4:00 pm del lunes 9 de septiembre a la Asamblea Departamental, señalando que se atenderían las observaciones y recomendaciones de la ciudadanía. Sin embargo, esto no significa que el proyecto haya sido descartado. La Gobernación aclaró que la iniciativa se reestructurará y volverá a ser presentada en el futuro, lo que mantiene a muchos ciudadanos en alerta.
El problema de fondo es que, si bien mejorar la seguridad es una necesidad urgente, hacerlo a costa de cargar aún más el bolsillo de los nortesantandereanos no es la solución. La confianza en la administración pública ha sido erosionada por años de promesas incumplidas y proyectos sin resultados tangibles. Además, el manejo transparente y eficiente de los fondos es una duda constante. ¿Quién garantiza que estos recursos realmente se destinarán a mejorar la seguridad? ¿Cómo se medirá el impacto del gasto público en este fondo?
En un departamento donde la pobreza y la inseguridad van de la mano, la creación de más impuestos es una bomba de tiempo. El contexto económico de Norte de Santander , sumado a la falta de claridad en el destino de los recursos, sugiere que las prioridades deben estar orientadas a fortalecer la confianza ciudadana y generar empleo, en lugar de imponer cargas fiscales adicionales. Aunque el gobernador haya retirado temporalmente la propuesta, la sombra del impuesto aún permanece, y los ciudadanos estarán atentos para que no se reintroduzca sin las garantías necesarias.
La seguridad es una prioridad, pero no puede ser la excusa para agravar la crisis económica de una región ya profundamente afectada y menos cuando proviene de la mente de un experto en endeudar el departamento y en utilizar los fondos para todo menos para lo que es, si, el señor William Villamizar.
Señores alto consejero de Paz Luis Fernando Niño, secretario de seguridad ciudadana George Quintero y Asesor de seguridad Samir Méndez, pensemos más en los ciudadanos que son las victimas de la inseguridad y la delincuencia, que en llenarle el bolsillo a una gobernación que no sabe como más despilfarrar el dinero de los nortesantandereanos.
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