Por: Nerio Luis Mejía
La Unidad Nacional de Protección – UNP, no solo acogió desde su creación a miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sino que también parece a ver heredado, las mismas practicas criminales del liquidado organismo.
Esta entidad creada para proteger a las personas que resultan víctimas de las distintas formas de violencia en nuestro país, tal parece que lucha por su propia sobrevivencia. Ante los escándalos que a diario la sacuden y que implica a funcionarios como a los beneficiarios del programa de protección, que ofrece el Estado Colombiano a través de la UNP.
El poder criminal, que ostentan algunos exfuncionarios de este organismo y que se encuentran vinculados formalmente en procesos penales, parece que han logrado permear a los funcionarios judiciales que deben investigar sus conductas. Tal es el caso del exsubdirector Ronald Rodríguez Rozo, quien el pasado mes de Julio del 2024, los medios de comunicación anunciaban la libertad del exfuncionario por vencimiento de términos.
Ante esta clase de noticias uno se pregunta. ¿Como es posible que una persona acusada de semejantes delitos, la fiscalía general de la nación deje vencer los términos en el inicio de juzgamiento, un año después del escrito de acusación?
¿será que la justicia en nuestro país, es una justicia tipo sastre, hecha a la medida del criminal?
Mientras que algunos vehículos de la unidad nacional de protección, son utilizados para el transporte de cocaína, marihuana, armas y municiones, como al igual a personas que se encuentran al margen de la ley, caso de alias Matamba, y el mas reciente incidente de las 7 camionetas de la UNP, que conformaban la caravana por carreteras de Antioquia, en las que se movilizaba el jefe negociador de las disidencias de las FARC – alias Calarcá, junto a cuatro personas con órdenes de capturas vigentes quienes posteriormente fueron judicializadas; muchos líderes y lideresas sociales, defensores de los derechos humanos, son asesinados ante la indolencia y la burocracia al interior de la UNP.
¿Será que la UNP, es un enfermo terminal, que va camino a su liquidación ante los escándalos protagonizados por funcionarios y algunos beneficiarios de la entidad?
El pasado 07 de agosto de 2024, en un puesto de control militar, ubicado en carreteras del departamento de Nariño, fue detenido un vehículo de la UNP, asignado al señor Félix Antonio Henao Casanova, alcalde del municipio de Tumaco – Nariño, y que luego de una inspección se encontraron varias cajas de municiones, ante las que no pudieron demostrar su legalidad, por lo que los uniformados del ejército nacional, procedieron a detener a dos persona que se movilizaba en el vehículo, uno de los detenidos es un escolta de la UNP, quien hace parte al esquema de protección del referido alcalde
Detuvieron otra camioneta de la UNP con más de 1.400 cartuchos: formaba parte del esquema de seguridad del alcalde de Tumaco – Infobae – https://www.infobae.com/colombia/2024/08/08/camioneta-de-la-unp-fue-detenida-con-mas-de-1400-cartuchos-de-municion-en-tumaco-formaba-parte-del-esquema-de-seguridad-del-alcalde-del-municipio/
Cuarenta y ocho horas después, en carreteras del mismo departamento de Nariño, esta vez en el municipio de Barbacoas, tropas del ejército nacional detuvieron al señor gobernador indígena, Jaime Nastacuas, cuando se movilizaba en una camioneta de la UNP, con una gruesa suma de dinero que superaba los 200 millones de pesos, y que ante la indagación de los efectivos militares, el gobernador no pudo demostrar la procedencia lícita del dinero, por lo que optó convocar a la comunidad, y utilizar la aglomeración y lanzarse a la huida.
Frente a los hechos ocurridos, y que ponen en tela de juicio a la UNP, nos seguimos preguntando. ¿Cuál será el destino final de esta entidad?
¿De que herramientas se valen los analistas de la UNP, para determinar el verdadero nivel de riesgo de quienes solicitan protección?
No es posible que mientras algunos utilizan los vehículos asignados para la protección de las personas que realmente son amenazadas, otros los destinen al uso para cometer actividades ilícitas.
Existen analistas, que le preguntan en las entrevistas que les realizan a las personas que solicitan protección; hasta de qué color es el de su preferencia en la ropa interior; hay otros protegidos que gozan de mayor suerte, y les asignan nutridos esquemas de protección, los cuales solo usan para demostrar su posición social, ya que en el camino no se les atraviesa ni una vaca.
Es por ello que como medio de comunicación, al servicio de la comunidad, invitamos a la participación activa de la sociedad, a denunciar los malos manejos de los recursos públicos, para que las cosas funcionen bien.
La UNP debe cruzar información con los organismos de investigación del Estado, y puedan realizar un buen trabajo a la hora de llegar a las personas que verdaderamente necesitan protección de ese organismo. De lo contrario todos estos escándalos de corrupción al interior de la entidad seguirán siendo parte del paisaje a las que ya estamos acostumbrados los colombianos.
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