Por: Jean Carlos Sánchez

En la mañana del 9 de julio de 2024, Cúcuta amaneció con la noticia de que el alcalde Jorge Acevedo, como primera autoridad de Policía del municipio, había ordenado un operativo para recuperar varios espacios en el centro de la ciudad. Entre ellos, la bahía ubicada en la avenida 6 entre calles 11 y 12. Cerca de una decena de funcionarios, entre policías de tránsito y miembros del equipo de campañas de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, implementaron elementos de señalización en el puesto de control de esa mañana, que consistían en una malla metálica con una X hecha con cinta amarilla de marcación de zona, sin ninguna advertencia. Señalización artesanal que no se identifica con ninguna señal estipulada en el Código Nacional de Tránsito. Algunos reporteros digitales acudieron al lugar y anunciaron que la autoridad de tránsito estaba realizando el operativo, pero que, aunque no había salido el decreto oficial, de forma anárquica habían prohibido el parqueo de carros y motos como habitualmente se realizaba en dicha bahía.

Para los contribuyentes de a pie, ese hecho es una señal de autoridad, de querer mejorar la movilidad en el centro de la ciudad, pero para los que vivimos en un estado regido por las normas y códigos, definimos dicha acción no como un hecho menor de desconocimiento de la norma, sino como un acto anárquico del burgomaestre cucuteño.

Recordemos que el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, en su artículo 112, establece: “Que toda prohibición debe estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio, previa decisión de funcionario de tránsito competente”, para evitar arbitrariedades como la imposición de comparendos por parquear en zonas no señalizadas y la designación de zonas de parqueo de manera injustificada e indiscriminada. El Honorable Congreso de la República, por medio de la Ley 2252 de 2022, añadió lo siguiente al mismo artículo: “No se podrán establecer zonas de prohibición permanente, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas; en todos los demás eventos, la señalización deberá indicar los días y horas en los cuales opera la prohibición. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización estén expresamente descritas en este código”. Añadiendo algo que a algunos policías de tránsito a veces se les olvida y hay que recordárselo: “Carecen de validez la imposición de comparendos por estacionar en zona prohibida cuando fuera de los casos del artículo 76 en el lugar no exista señalización prevista en el presente artículo”.

Resulta grotesco que la primera autoridad de tránsito del municipio ignore este enunciado normativo y aplique la ley como en el viejo oeste, a la brava, y que policías de tránsito, que se presume deben estar debidamente capacitados, se presten para este show de anarquía en la ciudad de Cúcuta.

A continuación, las palabras del Secretario de Tránsito, en la mañana del 9 de julio, entrevistado por el reportero digital Fermín Alviarez del medio Cúcuta es Noticia, quien decía: “Sí, sí, Fermín, a partir de la fecha no es permitido el parqueo acá en la avenida 6ta, lo vamos a realizar de forma pedagógica y sensibilizando a los conductores, pero la idea es que hagan un uso adecuado de esta bahía, es una bahía de transición, como le digo, pueden llegar y descargar o que la persona descienda del vehículo, mas no el parqueo permanente como lo venían haciendo”. El reportero añade que cerca de 200 motocicletas se veían diariamente en esta zona, a lo que concluye el Secretario: “Sí, inclusive creeríamos que más, aquí en el sector alrededor de esta avenida hay parqueaderos públicos, los cuales pueden utilizar”. Y finaliza el periodista digital diciendo: “Recordemos que la sanción por dejar su motocicleta o vehículo estacionado en sitios prohibidos está cerca de 572.000 pesos. Los agentes de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de San José de Cúcuta estarán realizando operativos y visitas esporádicas a estos puntos, que están siendo habilitados por la Secretaría de Tránsito”. No se le puede exigir nada a un reportero digital, pues este solo informa, sin embargo, debería asesorarse sobre la legalidad de un procedimiento como el celebrado esa mañana. Pero ninguno de los que allí se congregaron les pareció que este operativo estaba viciado y era anticonstitucional, pues estaba violando la mencionada Ley 2252 de 2022. Que un Secretario de Tránsito saque pecho diciendo tales argumentos sacados de la manga, incurriendo en un prevaricato por acción, es algo aberrante para nosotros los contribuyentes que nos merecemos mejores funcionarios.

Por eso, como decía mi tío Mencho, si así son los hijos, ¿cómo será el papá? Es ahí donde existe una epidemia de comparendos inválidos en Cúcuta, impuestos por la autoridad de tránsito de Cúcuta, como en el caso de los agentes Edinson Eduardo Flórez Durán y Yony Manuel Montes Parra, quienes el 23 de mayo de 2024 levantaron un carro por mal parqueo, en un sitio donde la señalización no cumplía con lo decretado por la Ley 2252 de 2022, obligando al ciudadano a pagar grúa y parqueadero y a solicitar audiencia para apelar dicho comparendo inválido. Otros ciudadanos, por no conocer el procedimiento, acuden a pagar su comparendo ilegal. Así que, si esta situación es reiterativa y con este Secretario de Tránsito que nos tocó, que se atrevió a establecer una prohibición de manera informal violando la norma, pues al parecer la misma no es vinculante para la ciudad.

Hoy, gracias a este exabrupto del alcalde y de su funcionario en la cartera de Tránsito, con el silencio cómplice de los policías de tránsito y la falta de solidaridad de estudiosos, autoridades y veedores ciudadanos, más de cinco cucuteños que se rebuscaban en esa bahía cuidando motos y carros se quedaron sin cómo poder ganarse el sustento diario. A estos cucuteños no se les hicieron llamados; se les violó el derecho al mínimo vital. Improvisación e insensatez por parte de funcionarios públicos, simplemente para poder postear en la página de la alcaldía un encabezado que dice “Alcaldía de Cúcuta recupera espacio vial del centro de la ciudad”, una victoria que mostrar, pero carente de legalidad y trato humano. Hoy, a un mes de dicho acto bochornoso, no existe ni decreto, ni señalización y mucho menos un trato digno a los damnificados.

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