Por: John Jairo Gelvis Vargas

Esta semana pudimos ver cómo Sneyder Pinilla comenzó a enviar mensajes de WhatsApp sobre conversaciones con nada menos que el ministro estrella (o estrellado) Ricardo Bonilla, en las que se discutía cómo sacar adelante una suma de dinero para el ELN mediante contrataciones, con el fin de evitar que se acabara el proceso de paz en el país. Esto fue ordenado por Olmedo López, siguiendo las directrices del ministro de Hacienda, quien se atrevió a llamarlo y acosarlo, e incluso a hacer videollamadas desde el mismo celular de Olmedo. Tal era la presión de Bonilla para obtener 700 mil millones de pesos antes de acabar el 2023.

Los proyectos en cuestión eran en el departamento de Córdoba, en el municipio de Cotorra, por el valor de $50 mil millones de pesos. La obra consistía en la intervención correctiva para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias para el dren No 8, desde la conexión con la ciénaga grande del bajo Sinú hasta el casco urbano del municipio de Cotorra. Otro contrato era en el departamento de Bolívar, en el municipio del Salado, por $12,356,552,316, que consistía en la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento del Salado. El último contrato fue en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, por $30 mil millones de pesos, y la obra consistía en la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba en el municipio de Saravena.

Según Sneyder Pinilla, todas estas obras no tenían un sustento razonable en los estudios técnicos. Se contactó con los contratistas por medio de llamadas y WhatsApp para hacerles correcciones en las necesidades del contrato, pues era una orden directa del ministro de Hacienda y del director de UNGRD.

Ver cómo el ministro Bonilla ponía a funcionarios a su cargo como interlocutores en el presunto caso de corrupción más grande, nos muestra cómo una asesora personal llamada María Alejandra Benavides estuvo involucrada. Todo inició el 11 de diciembre con la resolución 3202, donde se transfirieron $700 mil millones de pesos a la UNGRD. Al día siguiente, Olmedo López le envió el cuadro de $92 mil millones de pesos indicando cómo debían distribuirse los dineros. Ese cuadro lo hizo llegar el abogado Jaime Ramírez Cobo, funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Además, el 14 de diciembre de 2023, el señor Ramírez se presentó a Sneyder Pinilla vía WhatsApp, donde Sneyder le dijo a Ramírez Cobo que tenía que hablar directamente con Olmedo sobre ese tema. Por otro lado, decía que el encargado de esos contratos era Luis Fernando Velasco y no el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en cuanto al manejo de los $700 mil millones de pesos. Igualmente, el señor Ramírez le pasó el contacto del ministro Bonilla al WhatsApp de Pinilla, advirtiéndole que ese crédito tenía posibilidades de caer si no se movían rápido en la designación de esos dineros.

El ministro de Hacienda le envió un WhatsApp a las 6:00 p.m. del 14 de diciembre, diciéndole que estaba preocupado porque “preocupados por recursos de proyectos viabilizados” y le indicó a Sneyder que Olmedo tenía que reunirse con él de forma urgente al día siguiente. Después de ver todo esto, mi gran pregunta es: ¿Por qué no han echado al ministro de Hacienda? ¿O por qué no ha renunciado? ¿Será que la corrupción es solo medible para la derecha? ¿Dónde está la fiscal que iba a cambiar el rumbo del país?

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