Por: Nerio Luis Mejía
Tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC en el año 2016, el ELN aprovechó los espacios geográficos que anteriormente ocupó la extinta FARC y pasó, no solo a controlar los territorios, sino que también se apoderó de las rentas ilegales que en otrora habían manejado sus camaradas marquetalianos.
Fue así que el ELN puso en práctica su experiencia en el cobro de vacunas e impuestos en las regiones petroleras, el manejo total del negocio del narcotráfico, el impuesto sobre las cervezas y especialmente el cobro a los contratistas que ejecutan obras civiles en las áreas de influencia de este grupo criminal.
El ELN no solo constriñe a mandatarios locales en zonas apartadas donde ellos son amos y señores de esos territorios, sino que también han evolucionado en sus relaciones con familias prestantes en el sector empresarial, tal como lo pusieron en evidencia investigaciones periodísticas en el mes de julio de 2023, y que La Silla Vacía tituló: “El ELN participó en el billonario robo de crudo a Ecopetrol”.
Si el ELN es socio en esta cadena criminal que mueve una de las industrias más poderosas del mundo, como es la petrolera, podríamos imaginar que con suficiente dinero pueden comprar la información que les interese, entre ellas, los manejos al interior de la institucionalidad, sobre todo lo que tiene que ver con las actividades que realiza la fuerza pública en Colombia.
El progreso en el rearme que han demostrado los actores armados en el país, a nivel general, incluyendo al ELN, en gran medida se debe a los ceses bilaterales al fuego que se han venido negociando en el actual gobierno con esta agrupación al margen de la ley.
El pasado 19 de junio del presente año, cuando transitaba por una vía del municipio de Curumaní – Cesar, a la altura del corregimiento de Santa Isabel, fue objeto de un atentado criminal el esquema de protección del líder indígena Armando Wouriyu, en el cual resultaron ilesos los ocupantes del vehículo que recibió 7 impactos por arma de fuego.
48 horas más tarde, del atentado que sufrieron los hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hacen parte de la seguridad del mencionado líder, un automóvil de color blanco, de placas LQL 529 de FACATATIVÁ, que transitaba por la calle principal en la cabecera del corregimiento de Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumaní-Cesar, en el cual se movilizaban dos funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN, fue interceptado y atacado a disparos por hombres que se desplazaban en un vehículo tipo camioneta, dejando como resultado en el intercambio de disparos la muerte del patrullero de la Policía Nacional Brayan Mojica y con heridas producidas por armas de fuego en la mano y hombro izquierdo al subintendente de la Policía César Silva, quien a pesar de las heridas pudo salvar su vida.
Días después, el grupo armado ilegal del ELN se pronunció mediante un video en el cual asumían la responsabilidad en este hecho de sangre que le costó la vida a un uniformado y dejó a otro más herido, todos miembros de la Policía Nacional.
Este acto criminal genera los siguientes interrogantes: ¿Qué tanto poder tiene el ELN al interior de las instituciones en Colombia? ¿Cómo sabían los integrantes del ELN que en un vehículo tipo automóvil, el cual no genera ninguna clase de sospechas, se movilizaban miembros de la Policía Nacional que iban de civil?
A estos hechos le sumamos el secuestro del que fue víctima la sargento del Ejército Nacional de Colombia, Karina Ramírez, quien el pasado 3 de julio del año 2023 fue secuestrada por guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca, junto a sus dos hijos menores de edad (6 y 8 años), y que luego de pasar cuatro angustiantes días en manos de sus captores, fue liberada el 7 de julio de ese mismo año.
En una entrevista concedida al reconocido periodista Julio Sánchez Cristo, la sargento Ramírez asegura que su misma institución, el Ejército de Colombia, la entregó a la guerrilla del ELN.
El país necesita una respuesta por parte de las distintas instituciones relacionadas con estos graves hechos, en los que no solo se ha perdido la libertad, sino también la vida, como ocurrió con el agente de la Policía Nacional Brayan Mojica, que fue asesinado por guerrilleros del ELN sin que al menos haya habido un pronunciamiento por parte del alto comisionado de paz, Otty Patiño, de cara al cumplimiento del cese bilateral al fuego firmado con ese grupo armado.
A esto le sumamos la celebración del 60 aniversario, que el pasado 4 de julio lo festejaron los integrantes del ELN con bombos y platillos. Su poderío militar se hizo ver y sentir en varios departamentos del país donde hacen presencia. El departamento de Norte de Santander y su capital estuvieron dentro de los escenarios escogidos para la celebración, que acompañaron con banderas y cilindros, como la mejor manera para hacerse odiar por una sociedad que está cansada de la violencia.
En el municipio de Pelaya-Cesar, se pasearon por las calles, realizaron un sinnúmero de actividades que acompañaron con globos de colores rojo, blanco y negro, alusivos a esa estructura ilegal que hicieron saltar por el aire. Esta clase de acciones violatorias a los acuerdos firmados entre este grupo al margen de la ley y el gobierno nacional, dentro del cese bilateral al fuego, nos preguntamos: ¿Dónde estaba la fuerza pública que permitió la realización de estos eventos a plena luz del día?
https://x.com/WRadioColombia/status/1809343058732777611?t=w2eesSyhwK6oBDwsM1E1Hw&s=08
Ante el asombro por la ocurrencia de estos lamentables hechos y los testimonios de las víctimas, los colombianos nos seguimos preguntando: ¿Qué tanto poder tiene el ELN al interior de las instituciones en Colombia?
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