Por: Nerio Luis Mejía.
Los altos niveles de inseguridad, corrupción, narcotráfico y demás conductas delictivas que se cometen en el país, no solo siembran el luto en las familias colombianas, si no que consigo conllevan a las desesperanzas, de una sociedad que no cree en la justicia, por los altos niveles de impunidad, que nos caracteriza como nación.
Los primeros cien días de posesión, de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación, ha generado una serie de comentarios por parte de quienes cuestionan y los que defienden su trabajo, a tal punto, que algunos han cruzado la línea y la han apodado, la Muda.
A la hora de abordar un tema, tan complejo como es la justicia en Colombia, debemos tener en cuenta muchos factores, quienes en últimas son los que definen, la manera como se administrará y sobre quienes, ya que existen una serie de poderes, a los cuales se les debe respetar su independencia.
Sin embargo, no es solo a la separación de poderes, a quien hay que obedecer. Es a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, los que deciden como se debe aplicar la justicia en Colombia.
La arquitectura criminal, se arma desde la política. Es allí donde llegan los dineros del narcotráfico, financiando las campañas de quienes posteriormente se hacen elegir, a través de la compra de votos y que luego desde las distintas corporaciones públicas, presentan una serie de iniciativas que llevan como objetivo, el favorecimiento, a los financiadores de sus campañas.
La elección de los órganos de control e investigación, que se eligen a través del senado de la república y la corte suprema de justicia (Procuraduría- Fiscalía General de la Nación), quienes son ternados por el presidente de la república, deja la sensación que se convertirán en funcionarios de bolsillo, o actuarán en obediencia, al interés político de quienes los postularon.
La eficiencia e impecabilidad de las denuncias periodísticas de nada han servido, para que se haga en Colombia, una buena administración de justicia. Las denuncias ciudadanas, solo han dejado a su paso, la muerte de los valientes que se atreven a desafiar, al poder del crimen en el país. Ni las confesiones de Mancuso, han servido como elementos de prueba, para llamar a quienes se asociaron con el paramilitarismo y gobernar al país, desde la criminalidad.
Por esas razones los procesos en contra de reconocidos personajes de la vida política de la nación, al igual que la de sus familiares, como Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, el exvicepresidente Francisco Santos, la financiación de la campaña de Iván Duque, por cuenta del asesinado narcotraficante Ñeñe Hernández, las investigaciones en contra de la exvicepresidenta de la república, Martha Lucia Ramírez y sus nexos con el narcotraficante, Memo Fantasma, hasta los mas recientes procesos, en contra del círculo cercano al Petrismo, como el caso de Nicolas Petro, los escándalos en la UNGRD, las investigaciones en contra de Laura Sarabia, no verán la luz mientras la justicia obedezca al favor político y los políticos honren el compromiso con sus oscuros financiadores.
El señalamiento sobre algunos medios de información, de alinearse al poder político tradicional en Colombia, y que tergiversan la verdad, ha llevado al enfrentamiento del gobierno Petro, con la Fundación Libertad de Prensa (FLIP), Creando mucha mas confusión, sobre el incauto ciudadano que ya no sabe a quien creerle, pero que últimas entiende, que todo obedece a la nefasta alianza de poderes, entre política y crimen, que supera a la justicia en nuestro país.
Aplicar justicia no es abarrotar las cárceles de ladrones de carteras, mientras que los delincuentes de cuello blanco, que pagan sus favores políticos a los señores del crimen, se pasean en camionetas blindadas, todo pago con el impuesto de los ciudadanos, lo que evidencia el fracaso de nuestro sistema judicial.
El aumento en todas las clases de delitos en el país, es un subproducto de la incapacidad de la justicia ante el poder de los criminales. Quienes, con su sucio dinero compran a sus representantes, y esto a su vez, eligen y ternan a quienes deberían investigarlos. Es por ello, que no es descabellado pensar en la creación de una Comisión de Justicia Internacional. Para que investigue los crímenes cometidos por el narcotráfico y la corrupción en Colombia.
Norte de Santander, es uno de los departamentos mas golpeado por la alianza existente, entre el crimen y la corrupción. Las mas recientes denuncias periodísticas, que relacionan a varios dirigentes políticos del departamento, entre ellos al actual gobernador, William Villamizar Laguado, al Senador Edgar Diaz y a los representantes a la cámara, Wilmer Carrillo, Wilmer Guerrero, le sumamos la pobre gestión en materia de seguridad, por parte de las alcaldías, ante la ola de crímenes que han convertido a Cúcuta y demás municipios del departamento, en una carnicería. 10 homicidios cometidos en menos de 72 horas en la capital Norte Santandereana, la masacre número 37, registrada en el departamento de Norte de Santander y el cuarto periodista asesinado, en zona rural del municipio de Tibú.
Todo esto arroja un lóbrego panorama de inseguridad, donde la incapacidad de la justicia brilla por su ausencia, y declina ante el poder del crimen en todos los rincones del país.
Desde la Chuzma Editorial, lamentamos profundamente el vil asesinato, del Líder y periodista, Jorge Méndez Pardo; “YEIKO”. Nos unimos a las voces de rechazo, al igual le exigimos a las autoridades avanzar en las investigaciones y dar con los autores materiales e intelectuales, de los asesinos, del compañero líder.
Nuestras mas sinceras notas de condolencias a familiares y amigos.
Paz en su Tumba YEIKO.
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