Por: Hazzam Gallego

San José de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se encuentra en una encrucijada de violencia, crimen organizado y conflicto armado que afecta gravemente la seguridad y la convivencia de sus habitantes. Durante el año 2023 hasta el presente año, la dinámica delictiva y de seguridad en la región ha estado marcada por una compleja interacción entre diversos grupos armados organizados (GAO) y estructuras de crimen de alto impacto (ECAI), cuya influencia se extiende tanto en áreas urbanas como rurales. Este informe presentado por la Fundación PARES y por la Gobernación de Norte de Santander proporcionan un análisis minucioso de estos actores, basado en datos cualitativos y cuantitativos recolectados durante jornadas de trabajo con líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y representantes gubernamentales, así como en la revisión de fuentes secundarias y artículos periodísticos.

Durante 2022, el conflicto armado y la criminalidad en la región de Cúcuta y el Catatumbo se manifestaron en diversas formas. Uno de los cambios más significativos fue la transición de las economías de guerra de los grupos armados, que pasaron de la producción de cocaína a la minería ilegal. Esta transición fue impulsada por varios factores: una sobreproducción de coca que llevó a una baja en su calidad y precio, la captura de importantes líderes del narcotráfico como alias Federico Motilón del ELN y alias Otoniel del Clan del Golfo, y la destrucción de infraestructuras del narcotráfico por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela.

Dos eventos cruciales en el segundo semestre de 2022 también afectaron la dinámica del conflicto: la reapertura de los puentes fronterizos con Venezuela y el anuncio de la política de Paz Total por parte del gobierno colombiano. La reapertura de los pasos fronterizos oficiales redujo significativamente las ganancias de los grupos armados derivados del control de trochas ilegales, disminuyendo su interés en estos territorios y facilitando la expansión de estructuras criminales hacia el área metropolitana de Cúcuta. El anuncio de la política de Paz Total, que busca establecer diálogos y ceses al fuego con los grupos armados, también influyó en su comportamiento. Los grupos han utilizado estos ceses al fuego para fortalecerse política y militarmente, anticipando futuros diálogos de paz.

La recesión de la economía de la cocaína ha obligado a los grupos armados y estructuras criminales a diversificar sus fuentes de financiamiento. En Norte de Santander, esto ha llevado a un incremento en actividades ilegales como la minería, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Los grupos más organizados y con mayor control territorial, como el ELN, se han volcado a la minería ilegal y a la extorsión de productores locales, mientras que estructuras más descentralizadas y atomizadas en el área metropolitana de Cúcuta han incrementado sus actividades delictivas urbanas.

En el área metropolitana de Cúcuta, se han identificado al menos 20 organizaciones delincuenciales, destacándose la presencia de grupos como los AK-47, Los Porras y Los Pelusos. La dinámica criminal en esta área es notablemente descentralizada y atomizada, lo que significa que al desarticular una banda, sus miembros tienden a integrarse en otras, perpetuando el ciclo de violencia y crimen. La presencia y actividades de estos grupos han generado graves violaciones a los derechos humanos y alteraciones en la seguridad y convivencia de las comunidades. La extorsión, el secuestro y la violencia contra las mujeres son solo algunas de las formas en que estas bandas afectan la vida cotidiana. Además, la falta de una política migratoria coherente y la «zona gris» creada en el área fronteriza han facilitado el tráfico de personas y el reclutamiento forzado de menores, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

La política de Paz Total ha sido interpretada por muchas comunidades como una cesión de autoridad por parte del gobierno colombiano a los grupos armados, ya que las acciones militares contra estos han disminuido. Esto ha generado una percepción de inseguridad y desconfianza en las capacidades del Estado para proteger a sus ciudadanos. Además, la implementación inconsistente de políticas públicas y la falta de claridad en los procesos de diálogo y desescalamiento han contribuido a un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad. La situación de seguridad en San José de Cúcuta y su área metropolitana es compleja y multifacética, influenciada por una variedad de factores económicos, sociales y políticos. La diversificación de las economías ilegales, la descentralización de las estructuras criminales y la percepción de inseguridad entre las comunidades requieren una respuesta integral y coordinada por parte del Estado.

En Cúcuta los hechos de asesinatos han aumentado un 50% con relación al año anterior donde se presentaron 364 homicidios, en lo corrido del año se reportan 128 asesinatos.

Es crucial incrementar la presencia y acción de la fuerza pública en las comunas más afectadas, garantizando la protección de los ciudadanos y la disuasión de actividades delictivas. Asimismo, es necesario implementar una política migratoria clara y efectiva que aborde la «zona gris» en Cúcuta, con controles migratorios equilibrados y medidas de protección para los migrantes. Los procesos de diálogo con grupos armados deben incluir mecanismos claros de implementación de acuerdos y beneficios tangibles para las comunidades afectadas. Además, se deben fortalecer los programas de apoyo y reparación para las víctimas del conflicto y la criminalidad, incluyendo atención psicológica y socioeconómica. Es esencial establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación de las políticas públicas implementadas en la región para asegurar su efectividad y ajustarlas según sea necesario.

La situación en Cúcuta demanda una acción inmediata y coordinada para restaurar la seguridad y la confianza de la población. Solo a través de un enfoque integral que combine la seguridad, la justicia y el desarrollo social se podrá lograr una paz duradera y sostenible en la región.

Donde operan las bandas criminales y su distribución localizada en Cúcuta:

• Los AK-47 con presencia en la comuna 1 y la comuna 9.
• El Clan del Golfo, con presencia en las comunas 7, 8, 9 y 10.
• El Hampa, que hace presencia en la comuna 6.
• Los Bacanes, que hacen presencia en la comuna 6.
• Los Causa, que hacen presencia en la comuna 3.
• Los Comba, que están presentes en la comuna 2.
• Los de Carlos Pecueca, que hacen presencia en la comuna 10.
• Los de Ñoño, que hacen presencia en la comuna 8.
• Los de Piojo, que hacen presencia en la comuna 10.
• Los del Burro, que hacen presencia en las comunas 9 y 10.
• Los del Gordo, que hacen presencia en la comuna 9.
• Los Invisibles, que hacen presencia en las comunas 8 y 9.
• Los Lobo, que hacen presencia en la comuna 9.
• Los Pelusos, que hacen presencia en las comunas 7 y 8.
• Los Porras o Familia P, que hacen presencia en las comunas 7 y 8.
• El Frente 33, que hace presencia en la comuna 1.
• El ELN, que hace presencia en las comunas 3, 4, 6 y 7.
• La Línea, que hace presencia en la comuna 6.

Además se ha identificado presencia de Los Pulpos y Los Rastrojos en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

Fuentes:

Informe La Fundación Paz y Reconciliación PARES

INFORME SOBRE SITUACIÓN DE SEGURIDAD DEL CATATUMBO, EL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y LA FRONTERA DE NORTE DE SANTANDER CON VENEZUELA

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