Por: Nerio Luis Mejía.
La ofensiva de las disidencias de las Farc, en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, demuestran la barbarie con la que esta organización criminal, ha castigado a la población civil y a la fuerza pública. Lo que muchos colombianos veíamos como cosa del pasado, nos tomó inadvertido frente al poderío armamentístico de estos grupos al margen de la ley, que sobrepasa las capacidades de la fuerza pública para detenerlos.
Los grupos armados ilegales han tenido un notorio crecimiento que, de acuerdo en la gráfica presentada por la Defensoría del Pueblo, arroja un panorama desalentador frente a los años de violencia que vamos a enfrentar los colombianos, lo que podría significar la desolación económica, especialmente en las áreas rurales, traduciéndose en un reversazo en la política de reforma agraria integral del actual gobierno.
Por un lado, no se cuenta con las experiencias de soldados y policías, que permitan hacerle frente a la cadena de acciones terroristas, con la que estos grupos ilegales vienen atacando. La utilización de drones con fines de vigilancia y ataque por parte de los integrantes de estas organizaciones criminales; demandan un mayor esfuerzo, en la implementación de medidas efectivas, que inhabiliten esta clase de armas. Los atentados con moto bombas, carro bombas, balones explosivos y la utilización de bienes de carácter civil, como viviendas, escuelas y demás lugares amparados por el Derecho Internacional Humanitario (D.I.H), de donde se atrincheran los ilegales para agredir a las fuerzas del orden, deben invitar al rechazo generalizado por parte de la sociedad. Estas acciones, son prácticas de guerra violatorias a la legislación internacional, creando una clara desventaja ante las fuerzas legítimas de la nación, que desde el año 2012, cuando se inicia los diálogos, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las farc, con el posterior desarme de este grupo guerrillero, los soldados y policías entraron en un periodo de relajamiento, sumado a ello, el miedo causado por la imborrable huella, que han dejado la deshonrosa practica de los falsos positivos, en las filas de las fuerzas del Estado. En la actualidad, los prolongados ceses bilaterales al fuego, el aumento de las economías ilícitas, como fuentes de financiamiento a estos actores, crean una verdadera preocupación frente al conflicto que azota sin misericordia a los colombianos.
La percepción de inseguridad es total, en los campos de Colombia como en sus principales ciudades. Presentamos a Cúcuta como el mas claro ejemplo de lo que ocurre en todo un país. La capital del departamento de Norte de Santander, arrastra a su interior el lastre de las economías del crimen, asociadas al narcotráfico, con la presencia de varias estructuras armadas al margen de la ley, su próspero comercio y el dinamismo que ofrece la región de fronteras. Que en vez de constituirse en su mayor fortaleza, hoy es su mayor preocupación, para sus ciudadanos y autoridades, que deben lidiar con una ola desenfrenadas de atentados criminales, que muchos asocian a la disputa, por controlar las rentas de la ilegalidad, los secuestros, las masacres y el desafío por parte de los criminales a las autoridades competentes, donde se aprecia a través de vídeos en redes sociales, la exhibición de armamento de largo alcance, como las amenazas a los comerciantes, para que atiendan el llamado al pago de las extorsiones, ante una flaca respuestas por parte de las autoridades civiles y militares, que muestran su debilidad, realizando los fracasados consejos de seguridad, que de nada sirven para detener el baño de sangre y el régimen del terror, que imponen los grupos armado de carácter local, regional y las bandas del crimen transnacional.
Hoy Colombia, demanda una respuesta contundente frente a la violencia. Con un sistema judicial a la altura de la crisis, unas fuerzas policiales y militares, garantes del orden constitucional, acompañadas y respaldadas por un Ministerio de Defensa, firme frente al delito, mas no un excelente jurista, que ha demostrado su incompetencia ante los desafíos del poder criminal. Un presidente capaz de unir a los colombianos en un solo sentimiento, mas no un político con propuestas populistas, como las de habilitar atención médica en el Hospital Militar, a los excombatientes de las Farc, lo que genera el rechazo de quienes resultaron víctimas de la guerrilla, tener que compartir espacios con sus victimarios, esto mas que una iniciativa, es imponer su postura ideológica, ante quienes no ven en su gobierno, una clara muestra de reconciliación, lo que muchos consideran, una acción de provocación.
Una Colombia en llamas tanto en materia política, como por las acciones violentas que reclama atención urgente y no dejemos avanzar el fuego de la discordia.
Lamentamos profundamente el asesinato de Jorge Enrique Galvis, rector del Colegio Comfanorte, quien fue víctima de pistoleros la noche del viernes 24 de mayo mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad de Cúcuta, como al igual nos sumamos a las voces de rechazo en contra de todas las formas de violencia, que amenazan a quienes ejercemos actividades periodísticas, en el departamento de Norte de Santander, el llamado a las autoridades para que actúen con celeridad en el esclarecimiento ante los hechos de violencia que atemorizan a la ciudadanía.
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