UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP): ENTRE EL MAL USO Y EL ABUSO

Por: Sobreviviente.

En Colombia nos hemos familiarizados, a través de la información que nos brindan los distintos medios de comunicación, como también las redes sociales, sobre los múltiples escándalos protagonizados al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Todo por cuenta de sus funcionarios y contratistas como al igual por los mismos beneficiarios de esta entidad, quienes se han visto envueltos en líos que van desde el alquiler de vehículos con fines turísticos, hasta los mas osados quienes se han arriesgados a transportar desde sustancias alucinógenas, armamento para los grupos ilegales y a peligrosos criminales pero que al fin de cuenta no pasa nada, porque al parecer este organismo se diseñó para resistir el mal uso y el abuso.

La UNP, entidad encargada de velar por las garantías de seguridad de las personas que sufren toda clase de acciones violentas en Colombia, las cuales requieren la implementación de mecanismos de seguridad para salvaguardar sus vidas; es la misma unidad de protección que solicita de manera urgente la depuración. Desde el personal de planta conformado por analistas que desconocen las diferentes dinámicas del conflicto interno colombiano; quienes de acuerdo a informaciones de pasillos las cuales aseguran que dependiendo de la capacidad económica del solicitante de protección, le evalúan el nivel de riesgo para posteriormente asignarles el vehículo de su preferencia; por sumas de dinero que van desde los cuatro millones de pesos, para sostener el esquema, hasta los diez millones de pesos para la implementación de vehículos blindados. A la vez se le debe exigir un mayor control a las empresas contratistas que emplean en su planta de personal, a escoltas que no están en capacidades físicas y mentales para asumir la responsabilidad, de proteger a sus beneficiarios.

Esto deja en evidencia, la precariedad del servicio que presta la UNP, a las personas protegidas que muchas veces se niegan a recibir a los escoltas, porque no confían en sus actitudes y aptitudes. Situación que genera detrimento patrimonial, por tener que pagar salarios a muchos contratistas que permanecen en sus casas, solo esperando el llamado de los beneficiarios y verificar a través de sus cuentas bancarias la consignación mensual por su trabajo que no realizan debido a sus conductas.

La UNP, debería cruzar información con los organismos de seguridad del Estado colombiano y demás instituciones para poder confirmar, la veracidad de los hechos narrados por los solicitantes de medidas de protección; con el objetivo de evaluar la credibilidad de las mismas y de esa manera se pueda crear un filtro para que la adopción de las medidas de seguridad llegue a quien en verdad las necesitan.

Una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue descubierta transportando 80 kilos de cocaína en el sector de Los Altares, en la vía Neiva – Garzón, Huila. El vehículo, hallado por la Policía Antinarcóticos.

Cómo es posible que en 4 meses del año 2024, se hayan asesinado a mas de medio centenar de líderes y lideresas sociales, algunos solicitantes de medidas de protección, a quienes el trámite burocrático de la UNP; por su omisión les costó la vida, mientras que otros gozaban de medidas endebles de protección, todo porque no tuvieron los cuatro ni los diez millones de pesos, que vale sostener o para que se le asigne un esquema provisto de vehículos blindados.

No logro entender como en mi querido Catatumbo; región con una de las mayores tasas de líderes y lideresas amenazados, en donde se evidencia la presencia de los actores armados (ELN, Disidencias de las FARC, Pelusos) en los cascos urbanos de los municipios y el desfile de camionetas blindadas y convencionales utilizadas en la protección de los líderes amenazados no resulten estos vehículos en manos de los criminales.

¿Cómo permanecen los líderes amenazados, con los vehículos de la UNP en los mas recónditos lugares de la región del Catatumbo, sin ser molestados por los actores armados?

¿Qué clase de convivencia existe, entre los líderes y los actores armados en estas regiones, para no convertirse en víctimas de los criminales, o es una suerte de simbiosis?

¿Quién en realidad amenaza a los líderes en la región, que a pesar de formular las denuncias no sufren ninguna clase de repercusión, o son auto amenazas?

Estos interrogantes se plantean, ya que muchos líderes y lideresas en la región del Catatumbo, que han denunciado ser víctimas de amenazas por parte de agentes del Estado y que debido a ello, la UNP les ha implementado esquemas de protección, tanto personales y colectivos, pero resulta paradójico que en algunas ocasiones son funcionarios militares, quienes terminan dándole un mal uso y abuso a estos bienes dispuestos a la seguridad de líderes y lideresas, los cuales terminan, protagonizando graves escándalos, como el ocurrido la madrugada del pasado domingo 28 de abril del 2024, en donde resultó involucrado un vehículo de la UNP, asignado a un esquema colectivo de protección, quien era conducido por un militar activo, el cual causó destrozos a varios locales comerciales en la ciudad de Ocaña.

Vehículo siniestrado de la UNP en el municipio de Ocaña

Valdría la pena conocer las versiones, de parte del beneficiario del vehículo de placas FVD 427, que causó los daños y pueda explicar que hacia un militar activo conduciendo un vehículo asignado a un esquema de protección colectivo y de esa manera no siga la UNP- sufriendo el mal uso y el abuso por parte de funcionarios y beneficiarios.