Por: Nerio Luis Mejía.
A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno Petro, en promocionarnos como el país de la belleza, la potencia mundial de la vida, esa que se exhibe en estanterías de la costosa Suiza con el propósito de jalonar a los turistas de todas partes del mundo, esconde una trágica realidad.
Solo en la tercera semana del mes de abril de 2024, de acuerdo a los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 8 lideres sociales fueron asesinados en tan solo una semana. Engrosando la penosa cifra de 58 Lideres(as) Sociales, en los primeros cuatro meses del año 2024 y veintiún masacres. Crímenes de los cuales se conoce muy poco sobre el estado actual de los procesos que permitan la identificación de los determinadores intelectuales de esas muertes.
El cobarde asesinato del que fue víctima el respetado líder social, Narciso Beleño en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar; deja en evidencia el grave riesgo que significa ser líder social en Colombia. No solo por la acción homicida de los grupos armados en asocio con los clanes políticos y mafiosos regionales; si no por la inacción del Estado y su incompetencia a la hora de proteger la vida de los miembros de una población que viene siendo víctima de un exterminio. Donde escribir sobre lo que está pasando nos convierte en un blanco legítimo, de los cobardes homicidas, quienes ven en la muerte su único argumento.
A Narciso lo mataron, porque les ganó todas las batallas a distintos gobiernos en diferentes épocas. Ese valiente campesino sobreviviente de la violencia paramilitar y uno de los pocos que se atrevió a denunciar la presencia del paramilitarismo en el Sur de Bolívar, el gobierno del cambio reconoce que también le falló.
Desde hace aproximadamente dos años, la Serranías de San Lucas vive una delicada situación en materia de seguridad. La aparición de los paramilitares y su disputa a muerte con el ELN y el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC, todos queriendo establecer un estricto control territorial, han dejado una estela de crímenes que van desde el confinamiento, los asesinatos las extorsiones, los desplazamientos forzados, el secuestro y la utilización de la población civil en actividades relacionadas al conflicto; situación que involucra a todos los actores armados incluyendo al Estado colombiano.
De esos crímenes no se habla y quien se atreva a hacerlo puede correr la suerte de Narciso Beleño y los 58 lideres y lideresas sociales que han asesinado en tan solo 4 meses.
El gobierno de Gustavo Petro debe revisar la ley de inteligencia, la cual no debe convertirse en patente de corso por parte de los organismos de seguridad del Estado. Que, en su afán por presentar resultados positivos frente a los delitos, terminan incurriendo en ello.
A través de esta investigación pudimos conocer varios casos, que involucra a los servicios de inteligencia del Estado colombiano, donde han abordado a personas que desempeñan ciertos roles de interés en sus comunidades, para ofrecerles dinero a cambio de recoger y brindar información sobre las estructuras criminales que hacen presencia en las regiones.
Lo mas indignante de esta situación es que los mismos funcionarios de inteligencia a cambio de ciertas sumas de dinero, les venden a los grupos armados ilegales los nombres de las personas que ellos convierten en sus informantes.
Una de estas duras y traumáticas experiencias, la padeció un líder social presidente de Junta de Acción Comunal en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, quien terminó secuestrado a manos de las disidencias de las FARC, a quien afortunadamente le respetaron la vida, sometiéndolo al escarnio público, donde lo obligaron a confesar su actividad como informante al servicio de las fuerzas militares de Colombia.
La crisis empeora en algunas regiones del país, como en el departamento de Arauca, en donde la situación se complica con el pasar de los días; ante el recrudecimiento de los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN.
A comienzos del mes de abril de 2024 se pudo conocer a través de un comunicado emitido por las disidencias de las FARC, quienes asumen la responsabilidad sobre las muertes de dos lideres sociales en Tame Arauca. Los que sindicaron de que hacían parte al ELN. Seguido a ello lanzan una amenaza sobre las personas que desempeñan liderazgo y que son señaladas por las disidencias de estar al servicio del ELN, lo que evidencia el grave riesgo que corren los lideres y lideresas sociales, Defensores de los Derechos Humanos en las áreas de conflicto.
El llamado a todas las partes enfrentadas, para que respeten el Derecho Internacional Humanitario (D.I.H) y se aplique el principio de distinción entre población combatientes y no combatientes, su infracción puede llevar a los perpetradores de estos delitos, ante un tribunal internacional y ser juzgados por crímenes de guerra. Es una triste verdad que el mundo debe conocer con profundidad sobre las raíces del conflicto armado en Colombia.
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