Por: Nerio Luis Mejía.
Europa más que un sueño para quienes buscan un mejor futuro
en la materialización de su proyecto de vida, se ha convertido también en una luz de esperanza para aquellas familias que tienen que dejarlo todo huyendo de la violencia que azota a sus países de orígenes, especialmente a Colombia.
En nuestro país, cada año la comunidad internacional invierte millones de Euros en los programas de cooperación que son financiados con fondos de los países miembros de la Unión Europea, recursos orientados a ejes temáticos y de interés estratégico como el conflicto armado, los derechos humanos, los procesos de paz y el medio ambiente.
Los 27 países que conforman el bloque comunitario de la Unión Europea tienen como principales objetivos la asociación económica y política en el marco de la soberanía conjunta y de las decisiones geopolíticas de interés común como la defensa militar, la seguridad ciudadana, la migración y el contexto normativo de los procesos de asilo.
En el anterior contexto, miles de colombianos en 2023 salieron del país con el propósito de proteger sus vidas a través de la figura de protección internacional del asilo, refugio humanitario, protección subsidiaria o derecho a no deportación.
Lamentablemente estas medidas de protección internacional son negadas recurrentemente a los ciudadanos colombianos en su condición de víctimas del conflicto armado interno y otras formas de violencia por parte de los países que conforman la Unión Europea, como también por parte de Suiza, Noruega e Inglaterra.
Cifras de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (euaa), registraran que solo en 2023 un total de 60.123 connacionales solicitaron formalmente una medida de protección internacional. Lamentablemente para el caso especifico de Colombia menos del 1% de estas solicitudes fueron aprobadas.
Es difícil comprender como las autoridades migratorias y de asilo en Europa niegan los estatutos de protección internacional a ciudadanos colombianos víctimas de todos los actores armados del conflicto y otras organizaciones criminales transnacionales al servicio del narcotráfico que vulneran sistemáticamente la vida y derechos humanos de la población colombiana.
La diáspora colombiana hoy enfrenta una difícil vulneración de derechos en el marco de los procesos de asilo; sus historias de terror, evidencias documentales y otras pruebas de las acciones violentas que sufrieron no son suficientes para que los jueces migratorios, jueces federales o tomadores de decisiones consideren a Colombia un país en riesgo democrático que durante los últimos 5 años ha acrecentado las cifras de delitos de impacto como el secuestro, los homicidios, acciones terroristas, como también hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la desaparición forzada.
Para la diplomacia europea en Colombia, nuestro país enfrenta una compleja situación de vulneración de derechos humanos, pero para los gobiernos del viejo continente y las instituciones encargadas de los procesos de asilo en Colombia solamente se vive sabroso, los grupos armados no existen y el gobierno preserva un orden democrático que garantiza la seguridad de todos los colombianos.
Menos del 1% de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos colombianos ha obtenido una medida de protección que garantice sus legítimos derechos al asilo o refugio humanitario.
En noviembre de 2023 la Agencia de Asilo de la Unión Europea (euaa) presentó un informe en el que se logra evidenciar la distribución de solicitantes de asilo colombianos en los países que integran el bloque europeo de la siguiente forma; España 79%, Alemania 8%, Italia 4%, Francia 3% el restante 6% de las solicitudes distribuidas en otros países de la Unión Europea.
Europa, sus gobiernos y diplomacia en Colombia proceden con indolencia e hipocresía mientras miles de colombianos desarraigados deambulan vulnerables convirtiéndose en mano de obra barata a la que explotan por su condición precarizada de ilegalidad ante la negativa de
los procesos de asilo y refugio humanitario.
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