Por: Nerio Luis Mejía
Las esperanzas que teníamos millones de colombianos, de ver reducir a su máxima expresión, la campante corrupción que por más de dos siglos castiga a nuestro país, con la llegada del gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro, estas mismas esperanzas se van diluyendo con el pasar de los días, ante hechos imposibles de ocultar, por mucho que se quiera defender las gestiones del primer gobierno progresista en Colombia.
Cabe reconocer que el actual gobierno está conformado por una serie de personajes que han militado en las toldas de partidos tradicionales y que se agruparon alrededor del pacto histórico, rencauchándose para continuar en el ejercicio del poder, por lo tanto es imposible que viejos vicios como el tráfico de influencias, sigan alimentando el flagelo de la corrupción que parece no disminuir, por el contrario todos los días y en primera plana se sacude nuestra sociedad con nuevos hechos que llaman poderosamente la atención, lo que indica que el combate a la corrupción no se hace mediante el discurso clasista, aquí lo que estamos viendo es la aplicación de nuevos métodos para continuar el desangre de los recursos públicos que somete a nuestra sociedad a la más escabrosa pobreza y que arrastramos los colombianos como una maldición
Lo triste de todo este desolador panorama, es que se han valido de las peores necesidades, por las que atraviesan las regiones mas desiguales y que por décadas han sido saqueadas a manos de quienes se les ha encomendado la administración pública de sus recursos, la adquisición de 40 carrotanques para llevarle agua a la Guajira, los cuales han generado uno de los mayores escándalos por corrupción en el gobierno Petro, no solo por los sobrecostos, que mal contado le habrían costado a la nación, la exagerada suma que supera los $ 20 mil millones de pesos colombianos, también se debería investigar a fondo, quienes son los empresarios que utilizando como fachada una empresa de dudosa procedencia con domicilio en la ciudad de Cúcuta -Norte de Santander, hayan sido los beneficiados de la jugosa licitación.
Las investigaciones periodísticas, una vez mas han demostrado su eficiencia, que superan al pobre y lánguido trabajo que debe realizar los órganos de control e investigación en el país, fueron los medios de información, los primeros que pusieron al descubierto, este hecho de corrupción, lo que llevó al pronunciamiento del Gobierno Petro, mediante la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica a denunciar al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, Olmedo López, quien horas más tarde presentó su carta de renuncia.
Otro hecho que viene dando mucho de qué hablar, es sobre uno de los proyectos banderas del gobierno de Gustavo Petro, la adjudicación de tierras a campesinos, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tampoco escapa del cáncer de la corrupción, en los últimos días se pudo conocer que la Procuraduría General de La Nación, adelanta investigación al exdirector de esta entidad, Gerardo Vega Medina, por irregularidades en la compra de un predio en el municipio de Chimichagua – Cesar, que no solo presentó un sobrecosto que equivale a u un 70%, sino que las tierras en un 32% no serian aprovechadas en la producción agropecuaria, estos dos notables hechos de corrupción al interior de entidades que tienen unas de las mayores responsabilidades en temas tan sensibles, como el combate a la miseria, tras la negación de un derecho fundamental como es el acceso al agua, en una de las regiones con el mayor desierto en Colombia “la Guajira”, y la política de tierras, que ha sido la justificación al problema de la violencia en el país, demuestra que el combate a la corrupción no es cuestión de discursos, sino más bien la aplicación de métodos para seguir saqueando a la nación en nombre de la desigualdad, sin importar quien gobierne, sea la Derecha o la Izquierda.

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