EL CONTROL SOCIAL AMANOS DEL CRIMEN

Por: Sobreviviente

Nuestro país es un Estado social y de derecho, donde existen instituciones y mecanismos que brindan una participación efectiva de la sociedad, que desafortunadamente los colombianos desconocemos la existencia de los mismos, por el poco interés que despierta en el ciudadano de a pie inmiscuirse en asuntos que consideramos son de competencia exclusiva de quienes ostentan funciones públicas.

Ese marcado y visible desinterés de la ciudadanía con la institucionalidad es aprovechado por quienes administran los bienes públicos, para apropiarse de los dineros y demás activos de la nación, los cuales hacen parte del patrimonio de todos los ciudadanos y van a parar sin control alguno a sus arcas. Sin embargo, no solo quienes desempeñan la función pública aprovechan estas situaciones; en determinadas regiones de Colombia, especialmente en el Catatumbo, donde existe una fuerte presencia de actores armados bajo la permisividad y complicidad de las autoridades en los distintos órdenes, están ejerciendo un verdadero control social, a la vista de las fuerzas del Estado, que nada hacen para restablecer el orden e imponer lo que demanda la constitución y la ley.

La viralización de un video en las redes sociales y en medios de comunicación de gran circulación a nivel nacional, muestra el sepelio de un integrante del grupo armado ilegal, frente 33 de las disidencias de las FARC, en pleno casco urbano del corregimiento de San Juancito, jurisdicción del municipio de Teorama – Norte de Santander, a ritmo de música vallenata. Esta situación no solo demuestra que este grupo criminal ejerce control social en la población, sino que también viola los acuerdos del cese bilateral al fuego, firmados con el gobierno de la paz total.

No existe un claro pronunciamiento de rechazo enérgico por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, especialmente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como del Ministerio de Defensa Nacional, sobre la repudiable y violatoria acción de los disidentes en esta región del país, donde las personas deben convivir con el miedo, esperando en la divina providencia, que en un acto de fe les conceda el milagro que nos ha prometido el gobierno de Gustavo Petro y su política de la paz total.

Estas acciones de demostración de fuerzas por parte de los actores armados en todo el país envían un claro mensaje de que hay que revisar el contenido de las propuestas que se están llevando a cabo en las distintas mesas de conversaciones con los grupos con los que se negocia y con los que no se están adelantando conversaciones de paz. La exigencia a las fuerzas legítimas del Estado para el restablecimiento del orden es un imperativo, dada la difícil situación de violencia que se presenta en toda la geografía nacional.

Mientras investigábamos el contenido para la realización de esta nota periodística, fuimos informados por fuentes fidedignas de que en cierto municipio de nuestro lastimado Catatumbo, las disidencias de las FARC están creando un albergue donde llevarán a todos aquellos jóvenes que no se adapten a las normas que ellos han establecido en los territorios. Este constará de espacios para la realización de trabajos y aulas para recibir formación en distintos artes y adoctrinamientos religiosos e ideológicos. Se invita a la comunidad a sumarse a esta iniciativa criminal, por ejemplo, el Carnicero debe aportar la cantidad de carne que le exijan los disidentes, los distribuidores de víveres harán lo mismo, al igual que los docentes y líderes religiosos (sacerdotes y pastores), quienes deberán impartir enseñanzas y oficiar sus predicaciones sobre el amor y la fe de Cristo Jesús en esa parte del infierno. Es importante advertir a quienes participen en este tipo de actividades que, de hacerlo, están incurriendo en varios delitos que van desde secuestro, concierto para delinquir y demás conductas contempladas en nuestra legislación penal, ya que en este país nadie puede retener a una persona en contra de su voluntad, y menos un grupo criminal como las disidencias de las FARC, que son uno de los mayores responsables de ejercer el negocio del narcotráfico en la región. Tras eso, establecen el control social de manera criminal sobre la población.